Los aumentos de productividad en el siglo XX se tradujeron en un aumento acumulativo del salario y una reducción de la jornada laboral. Resultado: la población laboral europea era la misma en 1900 que en 2000, pero trabajando la mitad de las horas. En base a esta experiencia, Keynes vaticinó en 1930 que en 2030 la jornada laboral podía caer a 15 horas semanales. El Gobierno español apunta en esa dirección al proponer una reducción de la jornada semanal de cinco a cuatro días, sin tocar el salario. Antes de tomar una decisión tan drástica debiéramos considerar tres puntos. 
Históricamente la reducción de la jornada laboral no ha sido una propuesta de los gobiernos, sino un acuerdo entre empleados y empleadores en el marco de un fuerte incremento de la productividad. Su objetivo nunca fue reducir el desempleo oficial. 
Las dos primeras revoluciones económicas implicaron una disminución del empleo agrícola junto al aumento de  la productividad en la industria y del empleo en los servicios. En el futuro inminente, dominado por la inteligencia artificial, son los servicios quienes van a acusar las mayores caídas de empleo. Cuando se aplique la reducción de la jornada laboral, es posible que el número de personas que dependen de subvenciones púlblicas supere el de trabajadores ocupados.
Los modelos de trabajo también están cambiando. En los países más avanzados cada vez hay menos trabajadores por cuenta ajena y más autónomos. Me temo que, en las circunstancias actuales, la reducción generalizada de la jornada laboral formentará una dualidad inaceptable en el mercado laboral español. Caerá el poder adquisitivo de los trabajadores por cuenta ajena donde la productividad es difícil de aumentar (y de medir). Mejorará el poder adquisitivo de los autónomos dispuestos a trabajar más horas que nunca.