Los expertos llevan tiempo avisando: «El narcotráfico se ha convertido en una pandemia mundial y si no ponemos freno, inundarán el mercado». La Fiscalía Antidroga ha recogido el guante para poner el foco en el puerto de Valencia como punto caliente de la entrada de estupefacientes en Europa después de que, solo en 2022, las autoridades incautasen más de una veintena de contenedores con más de 11 toneladas de cocaína. En la actualidad el puerto valenciano encabeza la lista de capturas, después de superar al de Algeciras (Cádiz).

Fuentes del Ministerio Público explican que la capital valenciana, con el puerto comercial más grande del Mediterráneo, se encuentra solo por detrás del de Amberes y el de Rotterdam en cantidades de droga recibida.

Durante el pasado año, las Fuerzas de Seguridad incautaron en Valencia 26 contenedores con más de 11.500 kilos de cocaína, una cantidad considerablemente superior a los 9.000 kilos que se recuperaron en 2021. La mayor parte de la droga, señalan las fuentes, penetró en España a través de contenedores, que son difíciles de controlar.

Para mejorar la investigación, este departamento trabaja en un refuerzo de la cooperación internacional no solo con países de la Unión Europea -con Francia como principal socio- sino también con naciones latinoamericanas.

De hecho, la fiscal jefe de Antidroga, Rosa Ana Morán, acaba de reunirse con el fiscal general de Colombia, con quien acordó la creación de equipos conjuntos de investigación para agilizar las operaciones. 

Por otro lado, desde la Fiscalía estudian proponer la penalización del transporte de gasolina para evitar que el combustible sea utilizado para nutrir vehículos usados en el transporte de droga. Ese endurecimiento de la legislación llevaría a que el transporte de más de 20 litros de fuel sin la respectiva autorización fuese constitutivo de un delito de tenencia de depósito de sustancias o aparatos explosivos e inflamables.

Mensajes encriptados

Otro de los puntos que preocupan a Antidroga es la manera de comunicarse de los delincuentes, que han sofisticado sus métodos en los últimos tiempos con la utilización de plataformas de encriptado como EncroChat o Sky.

Las investigaciones que coordina el Ministerio Público resultan cada día más complejas porque las organizaciones criminales ya no están controladas por clanes familiares, sino que trabajan con cooperativas y subcontratas que contactan por este tipo de vías. A pesar de que tanto EncroChat como Sky hayan sido desmanteladas, se han encontrado evidencias y mensajes que han ayudado a completar y engrosar hasta 71 procedimientos penales abiertos actualmente.

La utilización de la información obtenida de esas plataformas es, a ojos de Antidroga, válida judicialmente. Sin embargo, desde la Fiscalía aguardan a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dé respuesta a la cuestión prejudicial planteada por un Juzgado de Berlín.

El posicionamiento del tribunal europeo determinará si la utilización de los mensajes -solo en Sky se han intervenido más de un billón- para causas judiciales es válida o si, por el contrario, no pueden usarse como prueba.

Con todo, explican que la hipotética anulación de esa prueba no echaría por tierra las citadas causas en tanto que esos mensajes no son la única prueba, sino que complementan otras aseguradas durante las pesquisas.

Por último, la Fiscalía ve necesario ampliar las competencias de la Audiencia Nacional en materia de narcotráfico para poner el foco en la delincuencia internacional y actualizar de esta forma el modelo actual, centrado en mayor medida en los delitos cometidos entre regiones y comunidades autónomas.

Fuentes de este departamento explican que la legislación actual lleva a que haya jueces con poca experiencia o a juzgados mixtos a asumir investigaciones que implican a grandes organizaciones de traficantes a la vez que también dirimen custodias familiares u otros asuntos menores.

Así las cosas, la entrada en Valencia de un contenedor con estupefacientes podría recaer en un juzgado local y no en la Audiencia Nacional. Esto es así en tanto que la actual legislación establece que este tribunal solo conocerá de delitos de tráfico de drogas siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas audiencias.

El Ministerio Público considera conveniente modificar el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de manera que se redefiniesen las competencias en materia de narcotráfico y adaptarlas al complejo momento actual. Con todo, se muestran conscientes de que la Audiencia ya asume una ingente cantidad de trabajo y que este incremento podría ser inabarcable para los seis jueces de instrucción.