Siempre que hay una investigación criminal y no se sabe quién es el asesino, la policía se pregunta a quién beneficia y tira de ese hilo para tratar de encontrar al culpable. ¿A quién beneficia la amnistía que ya tiene preparada el presidente del Gobierno en funciones? Está claro que, en primer lugar, a él mismo, porque volverá a ser presidente del Gobierno y esa, como él ha confesado, es la principal y casi única razón. Si no hay amnistía, habrá repetición de elecciones y las posibilidades de que pueda formar gobierno disminuyen drásticamente. Y, después, a los que infringieron la ley y ahora van a salir con un cheque en blanco.

Un cheque en blanco que va a permitir a partir de ahora un chantaje permanente. Lo peor del nacionalismo no es su ideología viejuna ni la limitación de sus intereses, sino que nunca se cansa de pedir. Siempre hay algo más que se pueda conseguir, especialmente si la supervivencia del Gobierno depende de sus votos. Pero hay algo mucho más importante. El peligro no es ya distinguir lo legal de lo ilegal, lo constitucional de lo inconstitucional, lo que beneficia a unos pocos del interés general, la mentira de la verdad, los compromisos de los hechos, el respeto a la ley de saltársela por un interés personal o partidista, ni siquiera que se defienda que algunos políticos están por encima de la ley que ellos mismos se han comprometido a respetar y que nos obligan a cumplir a todos los ciudadanos. El peligro es que esa distinción deje de importarnos.
La amnistía es una bofetada a la seguridad jurídica, al Estado de Derecho, al control de la legalidad por el Parlamento, al sentido común, al discurso del Rey Felipe tras el fallido golpe de estado del 1-O, a los tribunales que hicieron un juicio con estricto respeto de la legalidad y con la máxima transparencia y dictaron unas sentencias justas, a los catalanes que se manifestaron en Barcelona días después y que representan más del 50 por ciento de la población. No hay ninguna garantía de que la convivencia mejore en Cataluña si hay amnistía ni tampoco que los que delinquieron políticamente, se fugaron y evadieron la justicia no vayan a repetir lo que hicieron. Han afirmado que lo harán. No hay ninguna garantía de que no vaya a haber un referéndum. No hay ningún compromiso por parte de quienes violaron la ley de aceptar la legalidad como único marco de debate y consenso.

Es una vergüenza que el Gobierno que se va a formar se cimente sobre los apoyos de quienes no aceptan la legalidad institucional y ejercen un chantaje permanente. Es una vergüenza que formen parte de él quienes, con responsabilidades de gobierno y parlamentarias, se niegan a cumplir con su obligación constitucional de asistir a la jura de la heredera de la Corona --sin renunciar, eso de ninguna manera, al sueldo, a las prebendas y a los privilegios-- y se permiten denigrar la forma constitucional de Gobierno y avisan de que harán cuanto puedan para acabar con la Monarquía.

Aceptarán lo que sea preciso para seguir en el poder y para borrar las consecuencias de sus delitos. Vamos a presenciar la reescritura de la historia en tiempo real y también la reescritura de la verdad. Firmarán, unos y otros, lo que haya que firmar para asegurarse su futuro. No el de los ciudadanos de Cataluña y de España, el suyo personal. Cuando se convierte a los victimarios en víctimas, el prestigio del Poder Judicial se resquebraja y la separación de poderes pasa a ser una entelequia. Pero cuidado, no hay un pacto más frágil que éste. Está construido sobre intereses espurios y las navajas están siempre encima de la mesa. Sabemos a quiénes beneficia y no debería dejar de importarnos.