Demasiado ruido para tan poca cosa. Me refiero al supuesto conflicto diplomático entre España e Israel por unas declaraciones en las que Pedro Sánchez, como presidente de la Internacional Socialista, se alineó con los israelíes contrarios a la reforma judicial de Netanyahu y su gobierno, uno de los más reaccionarios en la historia del país.

Lo diga Sánchez o su porquero, la reforma --ahora en pausa-- es un autoritario golpe del ultraderechismo gubernamental contra el poder del respetadísimo Tribunal Supremo, que es el máximo órgano institucional en un Estado sin Constitución escrita y un tradicional contrapeso al poder político. Eso es lo que quiere revertir la coalición inspirada en el militarismo, el nacionalismo y el fanatismo religioso, que hoy por hoy manda en Tel Aviv.

Señalar el riesgo de esos vectores tóxicos para la supervivencia de la democracia en Israel es oportuno, justo y necesario. Sobre todo, si coincide con las reclamaciones callejeras de una buena parte de los ciudadanos. "En la lucha por la democracia, siempre nos encontraréis", dijo Pedro Sánchez en el mensaje solidario de la Internacional Socialista a las 200.000 personas que se estaban manifestando en las calles de Tel Aviv contra la reforma judicial de Netanyahu.

Sin perjuicio de que Sánchez, como presidente de Gobierno español, pueda personalmente ir escaso de credibilidad respecto a los dogmas civiles de la independencia judicial y la separación de poderes, lo que señala de una forma más o menos explícita es denunciable en nombre de "la libertad, la igualdad, la justicia y la democracia", como valores que "deben ser fomentados y defendidos a diario".

Por tanto, me parece un dislate la primera reacción oficial del Gobierno israelí apelando a la recurrente intromisión en asuntos propios de un país soberano, pero ¿acaso es una intromisión en asuntos propios de Rusia denunciar su unilateral invasión de Ucrania? Más matizada fue la reacción del ministro de AA EE, Eli Cohen, contra la supuesta intención de Sánchez de "decidir por el pueblo israelí". Se lo tendría que hacer mirar el equipo de Netanyahu si cree que la opinión de un mandatario extranjero puede condicionar la voluntad soberana de un pueblo. Si acaso tendría que ser la opinión de muchos de esos mandatarios a la vez.

En este punto habría que recordar que también el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, o el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se han referido al aroma antidemocrático que desprende una reforma que trata de condicionar desde el Ejecutivo la actuación del Poder Judicial. Por ejemplo, limitando o incapacitando al Tribunal Supremo para suspender o anular leyes del Parlamento (Knesset), al modo en que en España puede hacerlo el TC ante supuestos de inconstitucionalidad en la obra del legislador.