Cuando aún no han terminado de tramitarse las reformas del Código Penal sobre la desaparición del delito de sedición y la modificación del delito de malversación, que tienen los nombres y apellidos de los beneficiarios de las nuevas normas en los autores del procés independentista en sus distintas fases, desde ERC han vuelto a subir la apuesta y sus bases votarán en el congreso de la formación del próximo mes sobre su plan de conseguir la realización de un referéndum de autodeterminación pactado -o sin pactar- con el Gobierno. A la vista queda la insaciabilidad de los independentistas irredentos, de su trabajo de zapa y de su voluntad de estirar la cuerda lo máximo posible con el fin de que se rompa y volver al victimismo que les es propio.  

Ha sido el líder de ERC, el indultado Oriol Junqueras, quien ha vuelto a poner en circulación el argumento maniqueo de que la democracia es poder votar en cualquier caso y en cualquier circunstancia, obviando que la democracia es sobre todo cumplir las leyes existentes, y si no gustan lograr cambiarlas por los procedimientos democráticos. Porque no se recuerda nada menos democrático que la forma en la que se votó en el referéndum ilegal del 1-O de 2017. Que Junqueras diga que convocar un referéndum de autodeterminación no es delito porque no está recogida esa figura en el Código Penal es de risa o de pena. Por encima de todo está la Constitución que los prohíbe taxativamente, que declara la unidad indisoluble de España y que la soberanía nacional es patrimonio de todo el pueblo español. Es de esperar que el Gobierno haya aprendido de cómo se fraguó el anterior proceso que llevó a la celebración del referéndum ilegal no solo para impedir que vuelva a ocurrir, sino para que los independentistas no les tomen la delantera en el ámbito internacional con la milonga democrática de ejercer un derecho inexistente.  

Oriol Junqueras acaba de proveer de munición de grueso calibre a la oposición al Gobierno que a partir de ahora basará su ofensiva en sembrar dudas sobre una futura celebración de un referéndum de autodeterminación, con la hipótesis de que Pedro Sánchez lo aceptará si gana las próximas elecciones y necesita a los republicanos catalanes para gobernar. Contra las sospechas no se puede hacer nada, pero se basan en los antecedentes de las declaraciones de Pedro Sánchez que han sido desmentidas por sus propias actuaciones. Las sospechas y las dudas tendrán más fuerza que las manifestaciones del ministro Félix Bolaños: "El referéndum es contrario a nuestra Constitución y no se puede celebrar. Tampoco es una solución, porque es divisiva y solo cronificaría el conflicto", y porque el Gobierno apuesta por "la convivencia y el diálogo".  

Ahora bien, después de dar muchas vueltas por el mundo, desde Escocia a Groenlandia pasando por Quebec –en septiembre el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, volvió a sacar a colación la Ley de Claridad-, los republicanos catalanes han llegado a Montenegro y a su referéndum de independencia de Serbia, con las condiciones de más de un 50% de participación y un 55% de votos afirmativos para que fuera válido. Salvando todas las distancias, históricas, políticas y legales de ambas situaciones los indepes de ERC han dado un paso atrás porque en sus anteriores propuestas sobre la validez del referéndum estaba que bastaba con que votaran a favor el cincuenta por ciento más uno de los participantes. Al menos ahora se sabe hasta donde tiene que llegar la acumulación de fuerzas que busca ERC.