La Dirección General de Formación Profesional en el Ámbito Laboral, dependiente de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, dio a conocer recientemente la resolución definitiva de su convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones de formación profesional para el empleo, dirigidas a personas trabajadoras ocupadas.
Dotada con un presupuesto de 11 millones de euros, de los que más de tres corresponderán a subvenciones para entidades de la provincia de Albacete, esta línea de ayudas propiciará una amplia oferta de programas de formación sectoriales y transversales, así como de cualificación y reconocimiento profesional. Esos tipos están recogidos en la Ley 20/2015, del Sistema de Formación Profesional, como necesidades que las Administraciones han de potenciar para responder a las demandas de productividad y competitividad.
Para desarrollarlo, el Gobierno regional busca para esta modalidad I del sistema la colaboración de empresas y entidades especializadas en formación, que son las destinatarias de los fondos y encargadas de llevar a buen puerto la formación. Por tanto, predominan en la resolución academias y centros privados de enseñanza, aunque los programas llegan también a empresas, organizaciones sin ánimo de lucro y algunas entidades públicas.
Además en la provincia albacetense destaca, por el volumen de actividad que llevarán a cabo, las subvenciones que llegan a las asociaciones empresariales, con un total de algo más de 808.000 euros para que realizar 97 acciones. Entre ellas, el papel principal en materia de formación es para la Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA), a la que se conceden 113.298 para desarrollar 10 programas conducentes a obtener un certificado de profesionalidad (instrumentos que acredita, en el ámbito laboral, el conjunto de competencias profesionales que ha de poseer una persona para el desarrollo de una actividad laboral identificada), así como otros 561.040 para 70 actividades que no dan acceso a ese reconocimiento.
En el primer caso, con varias convocatorias de algunos cursos, los certificados se otorgarán en dos materias de carácter transversal (Actividades de Gestión Administrativa y Gestión Contable y Administrativa para Auditoría) y otras dos sectoriales (Marketing y Compraventa Internacional y Administración de Bases de Datos). Todas ellas coinciden en que se trata de formación necesaria para perfiles profesionales con alta demanda.
Mucho más amplia es la variedad de los cursos que no conducen a certificado, entre los que hay presenciales y telemáticos. Idiomas, programas informáticos concretos, normativa fiscal o marketing sin algunas de esas materias para las que se solicitaron las ayudas.
Por su parte, la Asociación de Empresarios de Campollano (Adeca) obtiene en la convocatoria 111.740 euros para una docena de acciones formativas sin certificado de profesionalidad, centradas principalmente en enseñanza de inglés, contabilidad y software.
Completa la lista de asociaciones beneficiarias la de los empresarios del Polígono Romica (Adepro), que realizará cinco cursos, de temáticas relacionadas con la digitalización y el comercio internacional, con una subvención total de 22.800 euros.
Según recoge textualmente la orden por la que la Junta convocaba estas subvenciones, estas acciones formativas han de responder «a las necesidades de adaptación a los cambios operados en el puesto de trabajo y a las aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal de los trabajadores, de forma que les capacite para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y les permita mejorar su empleabilidad».
Para la determinación de las necesidades formativas se tuvieron en consideración, entre otra documentación, las incluidas en el Informe de prospección y detección de necesidades formativas 2022 realizado por el Servicio Público de Empleo Estatal y el Observatorio de las Ocupaciones, así como el informe anual 2022 del mercado de trabajo y el cuarto informe trimestral 2022 sobre las ocupaciones, ambos elaborados por el Observatorio Regional de Empleo de Castilla-La Mancha.
La oferta formativa se dirige a la formación de personas trabajadoras ocupadas, incluidas las autónomas y de la economía social. Además se abre la opción de que puedan participar desempleados, con un límite máximo del 30% de los alumnos de cada acción (mismo porcentaje que se permite de trabajadores ocupados en el caso de la modalidad II, de formación para personas sin empleo).
Por otra parte, para facilitar la asistencia del alumnado a los cursos de formación, se financian becas, ayudas de transporte, alojamiento, manutención y conciliación para las personas trabajadoras desempleadas que cumplan los requisitos.#En esta convocatoria, podrán acceder a ellas las personas trabajadoras de larga duración, personas mayores de 50 años, mujeres en sectores subrepresentadas, hombres en sectores subrepresentados, personas residentes en localidades consideradas despobladas y jóvenes menores de 30 años con especiales dificultades de inserción laboral.
Estos programas formativas se costean con fondos finalistas del Ministerio de Trabajo y Economía Social y del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Las entidades beneficiarias, una vez dictada la resolución de concesión, podrán solicitar un pago con carácter previo al inicio de la actividad formativa por importe del 25% del concedido. Igualmente, podrán solicitar el pago de un 35%, una vez acreditado el inicio de la actividad formativa. El 40% restante se hará efectivo, una vez finalizada y justificada la actividad formativa.