La Audiencia Nacional ha conseguido mantener siete causas de justicia universal abiertas tras la reforma de 2014 que la limitó, si bien la mayoría están sobreseídas al no haber podido ser puestos los investigados a disposición de los tribunales y solo una tiene visos de ser resuelta al estar pendiente de juicio. Se trata del caso de asesinato de cinco religiosos españoles en El Salvador en 1989, entre ellos Ignacio Ellacuría, único de la quincena de procedimientos de este tipo que había antes del cambio en la ley que sigue realmente vivo.

De todas estas causas, seis consiguieron mantenerse -el asesinato del diplomático español Carmelo Soria en Chile, el genocidio en Ruanda, el de Guatemala, y dos sobre el conflicto del Sáhara-, pero la mayoría están sobreseídas de manera provisional y solo revivirán de desplazarse a España los procesados, como explican fuentes jurídicas. El resto -el asesinato en Irak de José Couso, el genocidio en el Tibet, la persecución en China a seguidores de Falung Gong, Guantánamo, los vuelos de la CIA, el ataque a la flotilla de la libertad que se dirigía a Palestina o el caso contra guardias de las SS por el Holocausto- quedaron archivadas definitivamente.

El principal motivo para la reforma fueron los conflictos diplomáticos que generaron las causas que afectaban a China y, para zanjarlos, el anterior Gobierno que lideraba Mariano Rajoy optó por recortar el alcance del artículo 23.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula esa figura jurídica. La ley que favoreció el hito de la detención del dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 había sufrido ya en 2009 un recorte, que la restringió a los supuestos con víctimas españolas, situación a la que ahora el Ministerio de Justicia planea volver.