La democracia se define como el gobierno del pueblo a través de los representantes. ¿Pero quién la defenderá de unos representantes convertidos en depredadores del poder? Desde Montesquieu (1748), la democracia fue protegida mediante la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Son los frenos y contrapesos («checks and balances») a los que se refirieron los padres de la Constitución americana de 1787.
Lamentablemente, estas tres columnas se han deteriorando con el paso del tiempo. Por razones de eficiencia, el poder ejecutivo ha controlado desde siempre, y cada día con mayor descaro, al poder legislativo. El Parlamento se limita a aprobar las leyes propuestas por el Gobierno o, peor aún, a refrendar los decretos-leyes aprobados la noche anterior en el Consejo de Ministros. El Tribunal Constitucional todavía podría declarar esas normas inconstitucionales. Pero esto deja de ser cierto cuando la coalición gubernamental elige la mayoría de los magistrados entre sus antiguos ministros o personas de probada fidelidad política. Lo estamos viendo un día sí y otro también. 
Afortunadamente, en los países federales y afines, las autoridades autonómicas y municipales han actuado como contrapoderes del gobierno nacional. Para que prevalezca este sistema sobrevenido de contrapesos, los votantes deben asegurar unos ayuntamientos y comunidades independientes. Y deben castigar a sus representantes territoriales cuando han demostrado ser una mera correa de transmisión del Gobierno central, por más que digan lo contrario durante los periodos electorales. Bajo ningún concepto estamos obligados a respaldar a los políticos nacionales que han engañado a propios y ajenos para mantenerse en el poder, poniendo en peligro la esencia de la CE; a saber, el Estado democrático de derecho y la propia Nación española.