La semana pasada, el ministro de Agricultura, Luis Planas, anunció un paquete de ayudas -aprobado mediante Real Decreto en Consejo de Ministros- al campo para aminorar los efectos de la sequía y de la invasión rusa de Ucrania. El impacto económico de estas medidas, muy demandadas por el sector durante las semanas anteriores, se cifra en 784 millones de euros. Planas defendió el «potente paquete» impulsado por el Gobierno de España para «dar respuesta» a la situación.

«Adoptamos un potente paquete, tanto relativo a la sequía como a las consecuencias de la guerra de Ucrania, de apoyo a los agricultores y ganaderos, que supone una apuesta decidida del Gobierno para que consigamos mantener la continuidad productiva para abastecer al mercado nacional, pero también a nuestros clientes internacionales», dijo. El ministro añadió que con estas medidas se busca, igualmente, contribuir a tener «unos precios más razonables de cara a la ciudadanía».

El responsable de Agricultura aseguró no estar de acuerdo con las voces disconformes que se han alzado desde todos los rincones del sector: «Son unas medidas de respuesta al conjunto de los ciudadanos, no son en absoluto cortoplacistas. Están pensando en dar respuesta al problema de los ciudadanos y al problema de nuestros agricultores y ganaderos, que también, evidentemente, sirven al conjunto de la sociedad». En la misma línea se pronunció sobre un posible desabastecimiento de agua; en su opinión, «se dicen muchas cosas, pero la cuestión no es tanto lo que se diga, sino la realidad» que se debe «enfrentar».

El caso es que el sector en bloque -organizaciones agrarias, Cooperativas Agro-Alimentarias e incluso sindicatos- mostró, a lo largo de las horas siguientes al anuncio, su descontento con las ayudas y en general las tilda de «insuficientes», «arbitrarias» o «incompletas». Ello a pesar de que sí se han valorado algunos puntos, como el aumento de la subvención al seguro agrario, de manera que puede alcanzar hasta el 70% del coste de las pólizas ya contratadas -el máximo permitido por la Unión Europea-.

COAG considera insuficientes las ayudas que regula el Real Decreto aprobado y asegura que «el campo requiere apoyos de mayor calado. El 80% del territorio agrario se encuentra ya asfixiado por la sequía y más de cinco millones de hectáreas de cereales no tendrán apenas cosecha. Desde ya se deben disponer ayudas directas extraordinarias para los cerealistas, que en muchos casos no recogerán cosecha alguna. Hablamos de la campaña de siembra más cara de la historia con la cosecha más corta del siglo. Y eso es inasumible. El seguro no resuelve en estos casos las cuantiosas pérdidas que se arrastran», según declara Miguel Padilla, secretario general de la organización agraria.

No obstante, ha valorado las ayudas directas a la ganadería extensiva -355 millones para todo el sector- porque pueden suponer a corto plazo un pequeño balón de oxígeno para afrontar la alimentación suplementaria ante la falta de pastos. En cualquier caso, Padilla pide que el presupuesto dispuesto para los sectores agrícolas (276 millones) se ponga ya a disposición de los profesionales ante la urgencia de la situación.

En clave regional, la Alianza UPA-COAG en Castilla y León considera las ayudas «insuficientes» para afrontar la «ruina que provocará la sequía» en esta comunidad. Y añade que «no comparte» que Castilla y León esté considerada con «afección media» cuando «lo más justo sería que estuviéramos dentro de las regiones con afección alta». Además recuerda que nadie sabe «a quién irán dirigidos y cómo se distribuirán» los 276 millones destinados al sector agrario.

Por su parte, ARAG-ASAJA tacha de «insuficientes e incompletas por su contenido y alcance»" las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros ya que, tras conocer la letra pequeña del Real Decreto que se ha publicado en el BOE, asegura que «dejan atrás a sectores muy importantes en La Rioja». En concreto, la organización advierte de que una de las principales medidas, las ayudas directas a los sectores agrícolas, se condicionan a los futuros beneficiarios de la PAC 2023 cuando «todos sabemos que unos de los sectores más gravemente afectados por la sequía son los de hortalizas y frutales de regadíos, que en un 90% no cobran estas ayudas y por lo tanto se van a quedar fuera, como pasó con el tema de los fertilizantes».

La organización riojana también cuestiona las medidas fiscales: «Ya no vale con moratorias, hacen falta exenciones. Las explotaciones necesitan liquidez y para eso es fundamental subvencionar los créditos y prolongar la vida de los préstamos de ayudas a inversiones de explotaciones». Y respecto a las medidas de flexibilidad de la PAC, afirma que «deben ser urgentes y automáticas ya que vamos contrarreloj y no podemos esperar tras la evidencia del fracaso en la gestión de esta nueva PAC, en la que ni aumentando un mes el periodo de solicitud se podrá compensar el retraso que están comportando los problemas de la aplicación informática de la Administración».

Arbitrario.

También ASAJA, pero en este caso en Castilla y León, califica de «arbitrario» el reparto de las ayudas, puesto que marca una discriminación de partida que perjudica a esta comunidad autónoma. Esta afirmación hace referencia a las cantidades que recibirán los ganaderos por cada animal: «Una vaca, una oveja o una cabra de Castilla y León va a recibir justo la mitad que las de la mayoría de España», según Donaciano Dujo, presidente de la organización.

Para el responsable regional «hay un error de partida en las medidas, que es calibrar sin pisar nuestra tierra que el impacto de la sequía en Castilla y León es medio, cuando vamos sin freno hacia una cosecha por debajo de tres millones de toneladas, tan catastrófica como la de 2017, y el ganado no encuentra pastos y el forraje es escaso y muy caro». ASAJA exige del Ministerio «una rectificación, porque no hay criterios objetivos para separar a Castilla y León del resto de comunidades con afección alta de sequía que recibirán el doble de ayudas, salvo que sea que aquí no hay elecciones autonómicas el 28 de mayo».

En cuanto a las medidas de financiación, Dujo denuncia que «se quedan muy cortas, el campo necesita un plan de financiación a largo plazo, que aporte liquidez, porque los intereses están muy altos y las explotaciones no aguantan más endeudamiento. Necesitamos préstamos a largo plazo, con dos años de carencia, interés cero y ayudas para amortizar el capital en los primeros años».

La misma organización en Castilla-La Mancha tilda las ayudas de «netamente insuficientes porque no van a cubrir, ni de lejos, los daños del campo». El presidente de la organización agraria, José María Fresneda, sostiene que las ayudas directas anunciadas ascienden a 636,7 millones de euros en agricultura y ganadería, cuando sólo en Castilla-La Mancha los cerealistas perderán 626. La organización ha calculado las pérdidas del campo español en 10.000 millones de euros, por lo que asegura que los fondos asignados apenas cubrirán un 6,3% de los daños. «Es muy fácil impresionar anunciando millones de euros en ayudas sin contar los millones de euros de pérdidas, y sólo consiguen generar expectativas que acabarán, como siempre, en decepciones», sostiene el responsable de ASAJA.

Lamenta también que falta concretar las ayudas de cultivos muy importantes para la región, como los leñosos, «ya que no sólo peligra la cosecha sino también la supervivencia del propio árbol en cultivos como el viñedo, el olivar, el almendro y el pistacho», para los que pide «ayudas directas firmes y rápidas». Por otro lado, el presidente regional ha criticado que las medidas de apoyo a la financiación «no son una solución porque, aunque palíen la presión actual, sólo aplazan la deuda de los productores para un futuro incierto». Y sobre las medidas fiscales «más de lo mismo, porque no necesitamos rebajas, queremos exenciones de impuestos y tributos por unos ingresos que este año no se van a obtener».

Buena dirección.

Cooperativas Agro-Alimentarias, por su parte, valora el esfuerzo del Gobierno, pero advierte de que «la sequía que está padeciendo España y el sur de Europa no tiene precedentes y requiere de un paquete de medidas de apoyo extraordinario mayor si se quieren preservar las estructuras productivas, como son las cooperativas, transformadoras y comercializadores de los alimentos que nuestros agricultores y ganaderos producen, y que tal y como figura en el real Decreto publicado quedan fuera del actual paquete de medidas».

Tal y como reclama ARAG-ASAJA con las frutas y hortalizas, Cooperativas pide que se tenga en cuenta a aquellos sectores que están fuera del sistema PAC -y cita al porcino ibérico, que también se encuentra en esa situación- de manera que puedan acceder a las ayudas en igualdad de condiciones.

Unión de Uniones, quizá algo más conciliadora, valora que «el Gobierno haya establecido ayudas directas a los sectores más afectados, aunque insuficientes en relación a la gravedad de la situación», y reclama de las comunidades autónomas «que aporten recursos adicionales y que todas las administraciones concentren las ayudas en los profesionales del sector cuyas rentas han sido verdaderamente las más perjudicadas por la crisis». La organización considera que el paquete va «en la buena dirección», aunque «supone un montante insuficiente en comparación con unas pérdidas de producción de cultivos que Unión de Uniones evalúa, de momento, en unos 4.000 millones de euros y un incremento del coste de los piensos de alrededor de 6.000».

«Estas ayudas no le van a salvar la campaña a nadie, ni combinadas con lo que puedan indemnizar los seguros que cubren la sequía», expresan desde Unión de Uniones, «pero si las comunidades autónomas hacen su parte y, sobre todo, si las ayudas se concentrasen en los profesionales, representarían un cierto alivio en una situación que ahora mismo es crítica».

Incluso los sindicatos, normalmente reacios a criticar a este Gobierno, se han dejado oír. La Federación de CCOO de Industria ha subrayado que las nuevas ayudas al campo frente a la sequía anunciadas por el Gobierno este jueves son «insuficientes» y «muy reducidas» ante las pérdidas de empleo.

En resumen, el Gobierno propone, pero el sector está muy apurado y necesita un esfuerzo mayor. La producción este año va a verse afectada y si los agricultores y ganaderos no resisten este embate por la falta de rentabilidad, viéndose obligados a echar la persiana, las consecuencias se notarán en campañas venideras. Se perderá empleo y población en el medio rural y los alimentos que dejemos de producir aquí tendrán que llegar de otras partes del mundo.

Antes de cinco meses.

Tras las críticas recibidas por organizaciones agrarias y demás actores del sector agrario, el ministro Planas, ha anunciado que el Gobierno intentará que las ayudas para agricultores y ganaderos aprobadas estén desembolsadas antes del próximo mes de octubre. Según Planas, «es evidente que agricultores y ganaderos necesitan de esta inyección». Tras el procedimiento por el que se consiguió que el pago de las ayudas para el ganado de carne, ganado de leche y fertilizantes en 2022 fueran «lo más rápidas posible y, sobre todo, sencillas desde el punto de vista de la gestión», el titular de Agricultura «vamos a hacer lo mismo con estas» para que se formalice el pago «antes de los pagos de la PAC del mes de octubre», para que «estén en las bolsillos, en las cuentas corrientes de nuestros agricultores».