Los servicios sociales de Castilla-La Mancha han obtenido una puntuación de 5,79 y se sitúa como la sexta región con mejor valoración, por detrás de Navarra, Castilla y León, La Rioja, Asturias y País Vasco.
Los servicios sociales mejoraron en 2022 en doce autonomías, aunque las administraciones han ralentizado el gasto que dedican a estas prestaciones y siete comunidades lo hacen de manera «débil» o incluso «irrelevante».
Así lo refleja el Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales 2022 (Índice DEC), una evaluación que realiza cada año la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales sobre el sistema público de protección social. El análisis muestra que las autonomías que empeoraron sus servicios sociales en 2022 fueron Baleares, Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha y Cataluña pero que, a nivel estatal, se produjo una mejora, sobre todo gracias a los avances en la legislación.
Sin embargo, aunque las comunidades registraron la nota media más alta (5,35) desde que se elabora el estudio (2012), el análisis muestra que el «escaso incremento» presupuestario limita la oferta de servicios y prestaciones a la ciudadanía.
Los derechos se quedan en el papel. El «escaso desarrollo» de los servicios sociales para personas mayores y el «desmantelamiento» de los recursos destinados a la inserción social muestran lo que el coordinador del estudio, Gustavo García, ha tildado de «derechos de papel». «La normativa está muy bien pero la práctica no va acompasada. Es decir, los ciudadanos pueden pensar que serán atendidos ante una situación de dependencia, pero en muchos casos no es así. Miles de personas fallecen sin ver ese derecho reconocido porque pasan meses y a veces años hasta que lo reciben, lo cual es inhumano. Hay que reducir la retórica y aumentar la práctica», ha subrayado García.
Según este informe, Andalucía, Cantabria y Murcia disponen de unas prestaciones «irrelevantes» en esta materia; en Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid son «débiles»; en Baleares, Aragón, Galicia y Canarias son «medio bajas» y en Navarra, Castilla y León, La Rioja, Asturias, País Vasco y Extremadura, son «medias».
Además, los servicios sociales dirigidos a las personas mayores registraron un estancamiento o incluso un retroceso tras la pandemia. Las plazas residenciales públicas apenas han aumentado desde 2019.