El Constitucional encara la jornada de hoy con la difícil tarea de resolver la incógnita sobre si frena la tramitación parlamentaria de los cambios en el Poder Judicial y en el propio tribunal de garantías, aprobados por el Congreso y pendientes de votarse en el Senado, a riesgo de provocar una crisis institucional sin precedentes en democracia. Y lo hace en un pleno extraordinario, inicialmente convocado el pasado jueves, que el presidente, Pedro González-Trevijano, aplazó a instancias de un escrito de los cinco magistrados progresistas con el argumento de disponer del «tiempo indispensable» para estudiar la cuestión. Esto permitió a los progresistas ganar tiempo y que el Congreso aprobara aquella tarde las enmiendas incluidas en la proposición de ley que deroga la sedición, lo que pretendía evitar el PP con su petición al Constitucional de medidas cautelarísimas.
Para enrevesar más la situación, el PSOE presentó ayer a última hora de la tarde dos escritos ante el Constitucional para intentar frenar que este órgano admita el recurso con el que los populares buscan que las Cortes no voten las enmiendas para la renovación del tribunal de garantías. En opinión de los socialistas, si se admite la petición, el TC «vulneraría el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes» y, además, se «perturbaría» el funcionamiento de las Cortes Generales.
Asimismo, el PSOE alegó que la interposición de los recursos de amparo sin haber agotado las vías internas es causa de inadmisión a trámite con carácter previo «como tiene determinado» el propio Constitucional. Por ello reclaman que admitir la medida cautelarísima, implicaría que dicho órgano «vía interpretativa, interfiriera en la competencia del legislador».
La presentación de los escritos se produjo solo un día antes de que el Pleno tenga que decidir sobre la admisión a trámite del recurso de los populares y las cautelarísimas, pero previamente habrá un capítulo inicial abierto por Podemos, que ha pedido la recusación del presidente del tribunal y del magistrado Antonio Narváez. Ambos están afectados directamente por las enmiendas que el PP quiere paralizar, ya que se han diseñado para facilitar la renovación de jueces con el mandado caducado.
Lo que hay que resolver es, primero, si se admiten o no a trámite esas recusaciones, salvo que ellos mismos opten por abstenerse del proceso, algo que incluso pueden pedir otros magistrados.
Dada la fragmentación del órgano en este asunto, si se mantienen al margen, los números serían favorables al ala progresista, por cinco a cuatro, por lo que esta cuestión es crucial para el desenlace de la cautelarísima y del fondo del recurso.
Ahora bien, si no se abstuvieran y se admitieran a trámite las recusaciones, habría que nombrar un ponente para redactar una resolución relativa a los dos magistrados.
En opinión de los conservadores, los cambios del Gobierno no son justificables y suponen un «asalto» a la Justicia. Es más, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, denunció ayer que Sánchez, «use la democracia para llegar al poder y ahora utiliza el poder para cargarse la democracia».