Hasta ahora, sólo los edificios de la capital con más de 50 años de antigüedad estaban obligados a pasar la ITE (Inspección Técnica de Edificios). En breve ese chequeo de edificios no solo se amplía y abarca también un estudio sobre la accesibilidad y la eficiencia energética, sino que además se extiende a todos los municipios.

La legislación autonómica impuso hace ya años la obligatoriedad de realizar inspecciones periódicas a las construcciones y edificaciones de más de medio siglo de antigüedad, pero delegaba en los ayuntamientos su regulación. En la provincia, solo la capital ha aprobado una ordenanza que regula estos controles, obligatorios apenas hace un par de años. En Almansa, su consistorio llegó a elaborar una borrador, pero en eso se quedó, no se llegó a aprobar normativa alguna.  

Pues bien, ahora este chequeo de los edificios se extiende a todos los municipios y se impone sin necesidad de que los ayuntamientos aprueben su propia norma. Lo hace en virtud de una legislación estatal, promulgada por el Ministerio de Fomento, y que pronto se hará efectiva en Castilla-La Mancha en virtud de un reciente decreto publicado por la Junta de Comunidades en el que se regula lo que ahora se llama Informe de Evaluación de los Edificios (IEE) y el registro donde quedarán recogidos.

El Informe de Evaluación de los Edificios es un documento informativo, en el que un arquitecto o arquitecto técnico, realiza un examen completo de la construcción y comprueba además de las cuestiones relativas al estado de conservación del edificio, su nivel de accesibilidad y de eficiencia energética. A día de hoy, solo están obligados a contar con este informe aquellos propietarios que quieran solicitar subvenciones públicas destinadas a la mejora de estos tres aspectos (conservación, accesibilidad y eficiencia). Pero a partir del 2018, todos los edificios de más de 50 años tendrán que contar con este informe.  El calendario aprobado es gradual, «si no sería imposible de cumplir», opina el gerente del Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación (COAATIE), Luis Martín. Los arquitectos técnicos aplauden, además, que en Castilla-La Mancha se haya extendido esta obligatoriedad a las viviendas unifamiliares puesto que sobre todo en municipios de tamaño medio y pequeño son mayoría.

<B>SEGURIDAD.</B> «Esto no es una inspección-impuesto», proclama el presidente del Colegio de Arquitectos Técnicos, Eduardo Cuevas, que subrayó la importancia de «revisar las edificaciones y estudiar qué se puede mejorar de su seguridad o para no derrochar nuestra economía con una mala climatización». Cuevas, a la sazón responsable del servicio de bomberos de la capital, opinaba que las inspecciones que desde hace un par de años se están haciendo en Albacete en los edificios de más de 50 años seguro que se han traducido en una mejora en la seguridad, «el año pasado se cayeron menos cornisas, puede ser que sea porque hizo menos viento, pero también porque se han visto deficiencias en fachadas y cubiertas y se han corregido».

Como decimos, aquellos propietarios de edificaciones que quieran acceder a subvenciones para hacer reparaciones tendrán que adelantarse a los plazos y elaborar dicho informe. En Castilla-La Mancha se está a la espera de que la Consejería de Fomento publique las órdenes de convocatoria para esas ayudas en este 2015, será a partir de ese momento cuando se podrán presentar las solicitudes de ayudas para los trabajos que se realicen, según informaron desde la administración autonómica. Los requisitos y las cuantías de dichas subvenciones ya se conocen. De hecho, en el decreto que regula la creación del registro de Informes de Evaluación de Edificios se incluye además un aumento de las subvenciones.

La cuantía máxima de las subvenciones por edificio será de 12.500 euros por cada vivienda o por cada 100 metros cuadrados de superficie útil de local, cuantía que se amplía hasta los 13.750 euros cuando se trate de edificios declarados bienes de interés cultural, catalogados o protegidos. Las ayudas se desglosan en 2.500 euros para actuaciones de conservación; 2.500 euros para las mejoras de calefacción y refrigeración del edificio y 4.500 euros para las actuaciones de mejora de accesibilidad.

El reciente decreto, lo que ha hecho también es subir hasta el 50% del coste de las obras que se vayan a realizar como el límite de la ayuda a conceder, cuando la normativa estatal fija ese porcentaje en solo un 30%. Cuando se trate de accesibilidad, el coste subvencionable se amplía incluso hasta el 65%.