Óscar del Hoyo

LA RAYUELA

Óscar del Hoyo

Periodista. Director de Servicios de Prensa Comunes (SPC) y Revista Osaca


Sin tregua

23/04/2023

Acudir al supermercado o a la típica tienda de barrio se ha convertido en un auténtico suplicio desde hace meses. Los precios llevan un año disparados, no dan tregua, y de los 50 productos que más han incrementado su coste, 42 son alimentos y bebidas. Ya resulta habitual ver a ciudadanos que pasean por los pasillos de las grandes superficies y observan con detenimiento los escaparates del pequeño y cercano comercio para comprobar cuál es la mejor opción. Puede parecer sorprendente, pero las diferencias de un mismo artículo son abismales, ya sea de un lugar a otro o, en el caso de un mismo emplazamiento, de una a otra semana. En más de dos décadas no se había registrado un incremento tan importante del coste de la cesta de la compra y lo más inquietante es que esta espiral inflacionista, que se ha frenado de manera radical en lo que hace referencia a la energía -combustibles, gas o electricidad-, no tiene visos de cambiar en lo que respecta a llenar neveras y despensas. Las familias han reducido su consumo y cada vez son más las que no pueden llegar a final de mes y demandan las ayudas de los bancos de alimentos, que también se están viendo afectados directamente por una caída contundente de las donaciones de empresas e instituciones. Las denominadas colas del hambre, esas que se hicieron visibles en la pandemia, son ahora mucho más importantes aunque no se las esté dando hoy la misma cobertura mediática. Los más vulnerables lo están pasando mal.    
Los datos del pasado mes de marzo no han hecho nada más que corroborar la tendencia. El Índice de Precios al Consumo (IPC) se redujo al 3,3 por ciento, pero los alimentos continúan una escalada sin precedentes, con repuntes de más de dos dígitos, situándose en un 16,5 por ciento. Mientras la luz ha bajado en torno al 33 por ciento en el último año, el aceite (+34%), la leche (+33%) o los huevos (+28) han experimentado subidas constantes convirtiéndose en artículos de lujo. Sólo desde el mes de enero, el precio de las legumbres y las verduras se ha encarecido un 18 por ciento. Es evidente que la rebaja del IVA que el Gobierno aprobó para una serie de productos básicos no ha tenido el efecto deseado o, al menos, el consumidor no lo ha notado en sus maltrechos bolsillos. El Ejecutivo defiende que, sin ese descenso, estos alimentos serían aún más caros, mientras que asociaciones de consumidores consideran que la bajada ha servido para que algunos especulen, apliquen mayores subidas y aumenten de esta manera sus márgenes de beneficio.
Las ideas de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de pactar con las distribuidoras y grandes superficies un tope del precio de los productos básicos se quedaron en cantos de sirena. La iniciativa, que abrió una brecha dentro del Gobierno de coalición al considerar una parte de Unidas Podemos que esa era una competencia del ministro Garzón, fue criticada desde dentro del propio Ejecutivo. Concretamente, el ministro de Agricultura y Alimentación, Luis Planas, negó con rotundidad que los supermercados se estén aprovechando de la inflación para maximizar sus ganancias y defendió que el hecho de que tengan un margen de beneficio es «normal y necesario». Desde la formación morada se calificó a algunas cadenas de «saqueadores», «especuladores» y «representantes de un capitalismo salvaje», con un ataque sin precedentes, acompañado de varias campañas cargadas de inquina y que han terminado por hacer mella en las ventas y, por ende, han acabado repercutiendo en los consumidores. Díaz insiste que la ley permite poner un tope al precio de los alimentos de primera necesidad, amparándose en la ley del Comercio Minorista, pero parece utópico que se pueda alcanzar un acuerdo. Algunas cadenas de distribución ya han realizado sus propuestas, con la bajada del coste de una serie de artículos o configurando una compra básica por un precio determinado. Un parche que hoy Moncloa ve con buenos ojos, pero que no soluciona el problema. 
El Gobierno cree que los precios han tocado techo. Ahora se espera que el abaratamiento de la energía y de los insumos del sector agroalimentario se puedan trasladar rápidamente al consumidor final, pero hay otra derivada que preocupa y que puede afectar a que continúen repuntando; la sequía. La situación crítica que vive buena parte de España va a provocar una contundente reducción en las cosechas. La gente del campo no para de repetir que no llueve en condiciones desde diciembre y no recuerdan una situación similar desde principios de la década de los noventa. Lo peor es que a los elevados costes de siembra hay que sumar que están teniendo un mal año, lo que supondrá un duro golpe para la economía de agricultores y ganaderos. Todo ello va a provocar que los alimentos continúen con su tendencia alcista. La reforma de la ley de la cadena alimentaria no ha servido para que algunos productores no trabajen por debajo del coste y otros muchos obtienen unos beneficios tan exiguos que barajan cada día con más fuerza la idea de dejar sus aperos y abandonar su producción. Y ya saben que, cuanto menor sea la oferta, los precios...