La única crítica que he oído para el nuevo paquete de medidas anticrisis del Gobierno por parte de la oposición ha sido que eso ya lo pidieron ellos, y que llegan tarde. Pero no han llegado a profundizar en si son medidas que llegarán verdaderamente a las familias que más lo necesitan, si atienden a las necesidades básicas de los más vulnerables, o si son lo suficientemente ambiciosas. La reacción ha sido el habitual rechazo por el rechazo.
Yo no creo que lleguen tarde, ya se han aprobado previamente dos paquetes de medidas de ayuda por la guerra en Ucrania. Creo que llegan para alcanzar a esos otros colectivos que se ven más perjudicados por la elevada y persistente inflación. Un cheque de 200 euros para las familias con ingresos inferiores a los 27.000 euros es una ayuda para rentas medias y bajas que están sufriendo esa escalada de precios, a veces injustificada. Limitar el IVA a determinados productos básicos de la cesta de la compra, los imprescindibles como el pan, la leche y los huevos, es una medida más que acertada, a mi juicio. La crítica cabría en si no se podría haber ampliado a otros productos igual de necesarios en la alimentación de las familias, sobre todo de los más pequeños de la casa, como el pescado o la carne. O cómo hacer que esta medida no sirva para que las distribuidoras no incrementen aún más sus márgenes, garantizar que el precio llegue de verdad al consumidor final, y que se compense debidamente a los productores. O la prórroga para los contratos de alquiler, para aquellos que destinan el grueso de sus ingresos a la vivienda, también es una medida necesaria, que ya estaba.
La crítica podría venir por la supresión de la subvención de los carburantes. Esos 20 céntimos por litro de gasolina que veníamos disfrutando todos los ciudadanos –todos los que conducimos–, y que ahora se quedan para los transportistas «profesionales». La crítica estaría en por qué no se puede extender a miles de autónomos que utilizan su vehículo como herramienta de trabajo.
Porque, por lo demás, son medidas que junto con la excepción ibérica para el precio del gas y la electricidad, o el impuesto a los grandes bancos y energéticas, no solo mantienen sino que refuerzan y amplían eso que han dado en llamar el «escudo social». La protección social a las familias que más se están viendo afectadas por este encadenamiento de crisis, primero con la pandemia, y ahora con la guerra, y en el que se han destinado ya más de 30.000 millones de euros. La crítica podría llegar por si utilizar el último Consejo de Ministros del año para hacerlo tiene tintes de estrategia a las puertas de un año electoral como este 2023 que estamos a punto de comenzar, donde el gran debate económico que blandía la oposición reclamando una bajada generalizada de impuestos ha quedado más que superado. La crítica puede estar en todos esos matices y cuestiones que aún están por resolver y concretar, pero no a un paquete de medidas anticrisis necesario, como si de una enmienda a la totalidad se tratara. ¡Feliz Año 2023!