El contenido del acuerdo de los partidos del Gobierno central con los grupos de ERC y Bildu para desbloquear la tramitación de la Ley de Vivienda, con el horizonte de aprobarla en las próximas semanas, no ha sido del agrado de las agencias inmobiliarias.
Así lo detallaba a La Tribuna José Joaquín García Serrano, presidente de la Asociación Empresarial de Gestores Inmobiliarios de la provincia de Albacete (Agipal), integrada en FEDA. «Creo que es una ley que solo tiene fines electorales y que no va a lograr su supuesto objetivo, porque entendemos que la única forma de estabilizar los precios del alquiler pasa por aumentar la oferta y eso pasa por ofrecer estímulos fiscales y seguridad jurídica», afirmaba al respecto.
«No hay por donde coger algunas medidas, porque estaremos haciendo justo lo contrato», proseguía el presidente de Agipal, aseverando que «el posible resultado es que haya aún mucha menos oferta que la actual y eso va a tensionar mucho más los precios». «Hay que intentar que, de alguna manera, se incremente la oferta inmobiliaria y que la gente quiera alquilar pisos. Tenemos que tener en cuenta que la mayor parte del mercado del alquiler en España no es de sociedades, sino de particulares y si ahora les dicen que el límite para ser un gran tenedor pasa de 10 a cinco viviendas, restringiéndoles sus derechos, quizá no quieran sacar otro piso en alquiler».
En cuanto a los límites anuales de subida en el precio del arrendamiento (con una propuesta de un dos por ciento este año, un tres en 2024 y un nuevo límite por debajo del IPC a partir de 2025), García señalaba que «es un problema grande, porque si compro el piso con la intención de obtener unas rentas y me la limitas, probablemente opte por otros productos más rentables y el resultado será de nuevo que haya menos oferta de viviendas».
Mientas, sobre la regulación para imponer limitaciones más férreas a los precios de arrendamientos en las calificadas como zonas tensionadas (aquellas donde la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media del hogar o el precio de la vivienda haya aumentado en al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores), el presidente de Agipal señalaba la «incertidumbre» que genera que esa declaración quede en manos de las comunidades autónomas, que tienen la competencia de vivienda. «Habrá regiones que no quieran, otras que sí y puede darse el caso que se estrangule a los propietarios de una zona donde el precio sea más bajo que en otras donde no se aplique. Están marcados los criterios, pero la decisión siempre va a ser de la comunidad autónoma», aseguró.
Tampoco comparten desde la asociación profesional la obligación de que las empresas inmobiliarias carguen su precio únicamente al arrendador. «No entendemos que no podamos cobrar honorarios a una persona que demanda nuestros servicios», señalaba, detallando que «en Albacete repartimos ese precio al 50% entre las dos partes, pero si tenemos que cargarlo todo al arrendador, creo que lo estamos desincentivando aún más».
Además, García aludió a las posibles prórrogas a los desahucios que pueda introducir la nueva legislación, que entiende como «otro motivo de inseguridad». «Si el propietario cree que ese proceso se puede alargar dos años, es otro motivo para pensárselo dos veces antes de poner tu propiedad en el mercado», comentaba.
En cuanto a la situación del alquiler en la capital albacetense, García indicó que «el stock es escaso y hay más demanda que oferta, por lo que las viviendas duran muy poco en el mercado». «El precio sube progresivamente sin llegar a límites desproporcionadas y de momento sigue siendo rentable comprar un piso y ponerlo en alquiler», añadía.