La Sección Segunda de la Audiencia Provincial acogió ayer la primera sesión del juicio contra un padre y un hijo para los que la Fiscalía pide siete años de cárcel y una multa de 8.640 euros, por estafar alrededor de 87.000 euros a varias personas, a través de unos cursos de auxiliar de geriatría,  que resultó que no estaban homologados, hechos que ambos negaron.

Al inicio del juicio, los dos letrados de la acusación particular, que pedían hasta ocho años de cárcel para los dos procesados, retiraron la acusación por la falta de dinero de sus clientes, que como es lógico no renuncian a la indemnización que pudiera corresponderles, en caso de que se condenara a los procesados.

Por su parte, la letrada de la defensa, María Dolores Perona Parrilla, en las cuestiones previas solicitó la suspensión de la vista, al considerar que se habían vulnerado los derechos de uno de sus clientes, porque no declaró en el Juzgado de Instrucción y porque quería que declararan tres testigos, cuya testifical fue inicialmente denegada por la Sala.

En cualquier caso, la vista comenzó con normalidad, con la declaración de los dos acusados. El primero en intervenir fue el padre, J.L.L.S., que explicó que los cursos los organizó una sociedad de la que su mujer, M.L.S.G., era administradora única. Mujer que estuvo acusada por estos hechos, pero que actualmente está fallecida.

Empleado. El acusado reconoció ser el único comercial que trabajaba en la sociedad y el responsable de buscar a los alumnos de esos cursos de auxiliar de enfermería. Según dijo la sociedad tenía su sede en un local de la plaza Benjamín Palencia, pero se cerró con la crisis, con lo que el procesado quedaba con los futuros alumnos del curso en cafeterías.

En cuanto al lugar en el que se dieron los cursos, el acusado señaló que se hicieron en las casas parroquiales de Balazote y Franciscanos, porque habló con los párrocos para ello, siendo uno de ellos familiar suyo.

El acusado explicó también que iban a abrir un centro de día que daba a las calles Collado Piña y Blasco de Garay, del que reconoció que dejaron meses de alquiler sin pagar, un centro en el que dijo que se gastó los alrededor de  87.000 euros que cobró de los alumnos de los cursos, con el fin de dejar el local acondicionado. 

Dicho dinero se ingresaba en dos cuentas del hijo del acusado, el procesado, J.P.L.G., que dijo que estaba en Villaviciosa de Odón (Madrid) estudiando Medicina, por lo que «él era ajeno a todos estos temas». «No pagamos la Universidad de mi hijo con el dinero de los cursos».

Para realizar los cursos dijo que contactaron con la Asociación de Enfermería de Valencia, donde les garantizaron que los cursos que impartían estarían homologados y aprobados por la Universidad Internacional de Valencia. Unos trámites que sólo realizaron por correo electrónico, con una persona que les dijo ser la responsable de la Asociación de Enfermería, una asociación donde nadie dice conocer al acusado, según comentó la fiscal.

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