La derogación del delito de sedición y la rebaja de la malversación dieron el pistoletazo de salida a un 2023 de alto voltaje judicial, que se despide con una propuesta de ley de amnistía abriéndose camino entre las críticas de buena parte de la judicatura y su rechazo frontal a las acusaciones de lawfare. Un enfrentamiento que subió un nuevo escalón con las acusaciones de la diputada de Junts Miriam Nogueras.
En sede parlamentaria, la independentista señaló a varios jueces implicados en el procés como Manuel Marchena o Pablo Llarena, además de al expresidente del Supremo Carlos Lesmes; los tachó de «indecentes» y planteó que deberían ser juzgados.
Pero a diferencia de otras ocasiones, en esta, tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Alto Tribunal reaccionaaron airados. El presidente del órgano de gobierno de los jueces, Vicente Guilarte, prometió medidas ante ese ataque y el del Supremo, Francisco Marín, llegó a desconvocar una reunión con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el encargado precisamente de retejer la deteriorada relación del Gobierno con la judicatura a cuenta de las palabras de aliados políticos como Junts.
Si bien, las disputas, aunque cada vez son más airadas, no son nuevas. Las reformas penales impulsadas en 2022 por los socios de coalición se toparon enseguida con la interpretación de los tribunales encargados de aplicarlas. La más sonada fue la ley del solo sí es sí. El goteo de reducciones de condenas a agresores sexuales al aplicar la nueva norma estuvo durante meses en el centro de la polémica y motivó que el PSOE impulsase la reforma de una de las leyes estrella de su socio de Gobierno y de la exministra de Igualdad Irene Montero.
Otra iniciativa que se granjeó no pocas críticas en la esfera judicial fue la que convirtió el delito de sedición -por el que fueron condenados los líderes del procés- en desórdenes públicos agravados y rebajó penas de malversación.
Así, el expresident Carles Puigdemont, huido desde 2017, pasó a estar procesado por desobediencia y malversación agravada y, aunque poco cambió la situación del líder de ERC, Oriol Junqueras, cuya inhabilitación siguió en 13 años, otros como Jordi Sànchez o la expresidenta del Parlament Carme Forcadell la vieron extinguida.
Lawfare
En los últimos años, no es raro que una norma promovida por el Gobierno llegue al Constitucional de la mano de la oposición, pero si hay una ley que, sin haber nacido, se sabe que acabará en la Corte de Garantías e incluso en Europa, esa es la de amnistía.
Al margen de los recursos, la proposición para borrar las responsabilidades derivadas del procés no solo se tradujo en críticas políticas hacia el PSOE por beneficiar a los partidos independentistas a cambio de la investidura, sino también del mundo judicial.
Y no sólo por la propia amnistía, en la que la mayoría conservadora del Poder Judicial vio una «medida de abolición del Estado de Derecho», sino también por las alusiones al lawfare o judicialización de la política en el acuerdo con Junts, que provocaron un rechazo frontal de la carrera judicial y fiscal, al considerar que suponía la «quiebra de la separación de poderes».
Uno de los principales actores involucrados en esta compleja situación es el órgano de gobierno de los jueces, que debería haberse renovado hace cinco años. Eso no se ha producido aún, pese a los continuos toques de atención de la Comisión Europea instando al PSOE y al PP a llegar a un acuerdo para cumplir con ello su mandato constitucional.
En ese contexto, en el ámbito de la magistratura se registraron movimientos sin precedentes, como una declaración previa contra la ley de amnistía antes de que se hubiese presentado o la declaración de «no idóneo» del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pese a que hacía un año había recibido el aval del mismo órgano.
Ante un horizonte en el que no se vislumbra un acuerdo cercano, el propio presidente del Poder JUdicial planetó una nueva reforma legal para limitar aún más las funciones de ese órgano, que ha tenido dos presidentes suplentes, mientras se siguen acumulando las sillas vacías en la cúpula: 23 vacantes cuenta ya el Tribunal Supremo.
Tras años de mayoría conservadora, el nuevo Constitucional cambió el equilibrio de fuerzas en favor de los progresistas (siete a cuatro), algo que se tradujo en la práctica en una división del tribunal en numerosas sentencias y que motivó las críticas de la oposición, agravadas por la elección de Cándido Conde Pumpido, ex fiscal general del Estado, como presidente.
Durante este año, inusualmente activo, la Corte de garantías avaló buena parte de la agenda social del Gobierno -la eutanasia, la ley Celáa, el impuesto a las grandes fortunas, la ley rider-, pero también desempolvó normas hasta ahora aparcadas, como la del aborto de 2010. Comenzará 2024 revisando el bloqueo del Poder Judicial a propuesta de seis de los candidatos que se quedaron colgados hace cinco años y es de prever que antes de que termine tenga que pronunciarse sobre la ley de amnistía.