Desde luego, el líder de la izquierda aberzale, Arnaldo Otegi, sabe muy bien lo que hace. Es impensable que no supiera de las consecuencias de la inclusión de 44 miembros de ETA condenados -siete de ellos con delitos de sangre-, y con la pena cumplida, incluida la de inhabilitación que impediría su presencia en las listas electorales, y la de su rectificación con la renuncia a asumir el cargo de concejales de estos últimos, tras la denuncia pública de la asociación de víctimas del terrorismo del País Vasco, Covite. En cualquier caso, su apuesta era ganadora: tensaba la cuerda al incluir un mayor número de miembros de ETA en las listas. -más de cien han concurrido a las elecciones desde 2011, según la AVT- en un guiño a sus bases más radicalizadas, y lo es al justificar la retirada como un paso más en la normalización de la convivencia en el País Vasco y en la deslegitimación de ETA.
El doble juego de Otegi ha dado lugar a que el terrorismo vuelva a ocupar una parte destacada en el debate político de las elecciones del 28-M y ha alimentado la estrategia del PP que ya durante la precampaña había puesto en circulación la ofensiva sobre Pedro Sánchez a cuenta de los pactos con EH Bildu en el Congreso para sacar adelante las medidas del escudo social con las que hacer frente a la pandemia y la guerra de Ucrania. La denuncia de Covite lejos de centrar el foco sobre la actitud de EH Bildu ha sido utilizada por los dirigentes del PP para tratar de pescar en el caladero de los socialistas descontentos con su política de alianzas, lo que no oculta tampoco que al hacer uso del terrorismo en la campaña trata de preservar un espacio político en el que Vox también le muerde. Impensable, por tanto, que la acción de EH Bildu hubiera tenido una respuesta al unísono por parte de los dos principales partidos cuando las estrategias electorales están tan separadas.
Un enfrentamiento que contribuye a dejar sin respuestas las preguntas incómodas que se lanzan Pedro Sánchez y Núñez Feijóo, o que cuando la tienen demuestran hasta qué punto los partidos son incapaces de abandonar viejos tics, aunque con ello pongan en riesgo el relato de uno de los mayores éxitos de la democracia española, haber logrado acabar con ETA. Que Pedro Sánchez no responda a las reiteradas preguntas acerca de si volverá a pactar con EH Bildu es un reconocimiento de que lo volverá a hacer si lo necesita para garantizarse el poder –tampoco Feijóo dice nada sobre pactar con Vox y lo hará si lo necesita-. Pero que los diputados del PP respondan a coro que volverían a decir que Zapatero traicionó a los muertos por ETA, o que Rubalcaba era cómplice de la banda terrorista es negar el papel que ambos tuvieron en el fin del terrorismo y tratar de blanquear la propia historia de su partido en aquellos momentos de conversaciones con ETA que desembocaron en su abandono de las armas. Nada de extrañar cuando Feijóo acusa a Sánchez de ser" más generoso con los verdugos que con las víctimas", una frase más para los anales del desencuentro sobre la utilización política del terrorismo.
Otra pregunta incómoda para el líder del PP es si va a exigir la ilegalización de EH Bildu como si lo han hecho la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso y Vox. Al menos la fiscalía le ha echado una mano al archivar la denuncia por la inclusión de etarras con la pena cumplida en las listas electorales.