Una pareja ha sido condenada en Alicante a pagar 540 euros por okupar un chalé la playa de San Juan durante dos años. Una barbaridad que pone a las claras que el problema de la okupación requiere de un cambio legislativo contundente. La Constitución recoge el derecho a una vivienda digna, por lo que quien no la tenga y la necesite debe disponer de ella. Pero no debe ser el ciudadano con sus propiedades quien dé una solución a esta cuestión, sino las administraciones -véase, Estado, comunidades, diputaciones o ayuntamientos-, que para eso perciben los impuestos que pagan religiosamente los españoles. Porque en la Carta Magna existe otro derecho, el de la propiedad privada, de tal manera que nuestros políticos deben aportar la solución a un laberinto legal que deja sin casa durante un periodo excesivamente largo a quien, con su esfuerzo, la ha comprado y pagado. Y si no, ya se encargará el banco de recordárselo. Y no pensemos sólo en grandes propietarios, sino en ciudadanos de toda condición que pasan años, décadas, pegados a una hipoteca para que luego todo su esfuerzo se vaya al traste. En más de una ocasión se ha dicho que hay incluso en Albacete zonas en las que las viviendas que se usurpan no son áticos de lujo, sino más bien minipisos con bastantes carencias. Así las cosas, son las instituciones las que deben velar porque todo el mundo disponga de una vivienda, a la vez que nadie pierda la suya por mor de una okupación injusta. Yestá claro que todos los que se apropian de una casa que no es suya son iguales: hay verdaderas mafias al servicio de este ilícito. Toca legislar sin hipocresía contra la okupación y facilitar un hogar a quien no lo tenga.