Carga contra una Ley que resta eficiencia a las universidades

Leticia Ortiz / Madrid
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El rector de la UCLM alerta del peligro de quiebra de los centros educativos por las exigencias de la normativa aprobada el pasado mes de abril por el Gobierno

Julián Garde, rector de la UCLM, participó en el Foro Diálogo ‘La Universidad y el trabajo del futuro’. - Foto: Juan Lázaro

El rector de la UCLM, Julián Garde, insistió ayer en sus críticas a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que fue aprobada el pasado mes de abril, al considerar que se trata de una «oportunidad perdida» que, entre otras cuestiones, «resta eficiencia a las universidades». En este sentido, recordó que la normativa fue presentada y posteriormente aprobada sin una memoria económica, lo que ha provocado que no se sepa de dónde tienen que sacar los centros educativos la financiación adicional que requiere su cumplimiento. 

Sobre esta normativa y poniendo como ejemplo a la propia Universidad de Castilla-La Mancha, apuntó que «solamente en adecuar las plantillas a lo que dice la norma necesitamos más de ocho millones de euros al año» que, según vaticinó, deberán detraer de otros fondos como los de investigación. «El problema es que sin la financiación no podemos cumplir la ley. Así que solo hay dos soluciones, detraer los fondos de temas como investigación o no cumplir la ley», apuntó en el Foro Diálogo 'La Universidad y el trabajo del futuro', donde, además de debatir sobre la LOSU se abogó por una formación universitaria lo más multidisciplinar y transversal posible para poder cumplir con los perfiles laborales que en la actualidad buscan las empresas. «Necesitamos conocer las demandas de las nuevas generaciones. Los viejos métodos no funcionan ni para la universidad ni para el empleo», remarcó Garde sobre esta cuestión antes de entrar en otro asunto polémico: la obligación de que los estudiantes en prácticas coticen a la Seguridad Social a partir del 1 de enero. 

Ante esta circunstancia, el rector cuestionó cuál es la motivación de esa medida y, tras cuantificar que a la UCLM le costaría 650.000 euros, subrayó que va en contra también de los estudiantes, porque se reducirá el número de lugares donde poder hacer esas prácticas. 

En la misma línea que Garde, el director de Educación y Formación de la CEOE, Juan Carlos Tejeda, remarcó que las empresas «se pueden llegar a asustar» si todos los jóvenes que hagan prácticas van a tener que cotizar. «Las empresas no tienen obligación de acoger a jóvenes», recordó el representante de una patronal que ya ha exigido al Gobierno que formule una estrategia global de cualificación en el país, con el fin de que toda la política de formación se coordine. Precisamente se esperaba en este Foro al ministro saliente de Universidades, Joan Subirats, y a la titular de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, que finalmente no acudieron al evento organizado por la asociación de periodistas y comunicadores de Castilla-La Mancha en Madrid, Club Conecta,  y celebrado en el CaixaFórum de la capital.