La renta media por hogar en Castilla-La Mancha en 2022 se situó en los 27.664 euros, lo que sitúa a la región en el cuarto puesto de las comunidades con la renta más baja, después de Andalucía, Canarias y Extremadura, unos datos por los que el sindicato UGT ha mostrado su preocupación y ha pedido avanzar en empleo y subir los salarios.

El sindicato ha añadido, en nota de prensa, que la media nacional se encuentra en los 32.216 euros, un 16% más que la de Castilla-La Mancha, según los datos recopilados por UGT del Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, la tasa de riesgo de pobreza se situó en el 26,1% en Castilla-La Mancha, séptima región con la tasa más alta, en tanto que la media del país es del 20,4%.

Otro indicador que preocupa al sindicato es el de las ejecuciones hipotecarias, puesto que el año pasado se inscribieron en los registros de la propiedad 16.851 ejecuciones hipotecarias de viviendas en España, de las que 730 fueron de Castilla-La Mancha.

La secretaria regional de Empleo y Política Sindical de UGT, Isabel Carrascosa, ha alarmado de unos datos que reflejan, a su entender, que hay que avanzar y mejorar en las políticas activas de empleo, así como en la subida de los salarios.

Considera que aunque la reforma laboral ha dotado de mayor estabilidad al mercado laboral, todavía hay un grupo de población que le preocupa especialmente y que sigue constituyendo gran parte de los colectivos vulnerables, como son los parados de larga duración.

Gran parte de las contrataciones que se realizan en la región, ha explicado Carrascosa, van dirigidas a personas que llevan menos de un mes en situación de desempleo, con lo que se pone de manifiesto que aquellos que llevan más de un año en el paro tienen muchísimas más dificultades para poder acceder al mercado laboral.

Por eso, ha añadido, hay que trabajar por mejorar y crear políticas activas que se centren en las personas y que, de manera individualizada, propicien la contratación de los parados de larga duración.

Isabel Carrascosa también ha destacado la necesidad de trasladar los incrementos acordados en el nuevo AENC 2023-2025 a los convenios colectivos pendientes de firma, protegiéndose así el poder adquisitivo de las familias trabajadoras.

"De esta manera las familias tendrían mayor poder adquisitivo y, con ello, se reforzaría el consumo y la senda de crecimiento económico de nuestro país", ha asegurado.