«A día de hoy, en el monte Gurugú, cercano a la frontera, se agolpan unos 1.800 subsaharianos que esperan una oportunidad para saltar de nuevo la valla». Así alerta Ernesto Vilariño, secretario general de la asociación de guardias civiles (JUCIL) de la posibilidad de que se repita en el paso fronterizo de Melilla un nuevo salto masivo de inmigrantes como el que protagonizaron más de un millar de desesperados a finales de junio del año pasado. Una invasión que acabó en tragedia con la muerte de 23 subsaharianos (cifras no oficiales elevan este dato al menos a un centenar) cerca de 80 desaparecidos y decenas de heridos, muchos de gravedad. 

Fue el mayor drama de la inmigración terrestre en la historia de España y se cerró en falso porque ni las investigaciones de la Fiscalía ni las averiguaciones del Defensor del Pueblo pudieron determinar con exactitud el número real de víctimas, la mayoría de ellas por aplastamiento. En ese salto, iniciado en el lado marroquí, murieron también dos gendarmes del país norteafricano y muchos también terminaron heridos. 

Al hacer un balance de estos 12 meses, su diagnóstico pinta un horizonte preocupante. «Temo nuevos y violentos asaltos masivos a la valla de Melilla porque un año después del último no se ha hecho nada para evitarlos».

Según su testimonio, el mantenimiento de la valla, «prácticamente no existe» y el freno que puede oponer España para contener un nuevo asalto es tan exiguo que parece de broma. «La última defensa de España ante la entrada violenta de una avalancha de inmigrantes a través de la valla de la ciudad de Melilla son los cuerpos de una veintena de guardias civiles», lanza a modo de dardo para afear la inacción del Ejecutivo español y, en concreto, del Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande Marlaska. 

Su diagnóstico es desalentador. «Un año después, nada ha cambiado». Según la organización, apenas se ha aportado material antidisturbios nuevo. «Los guardias civiles cuentan con un centenar de cascos que los compañeros comparten en los sucesivos turnos de vigilancia y continúa el déficit de personal. La vigilancia de la frontera recae en una media de entre ocho y diez guardias civiles del Servicio de Seguridad Ciudadana por turno junto a una docena de miembros del ARS, de antidisturbios, para cubrir 12 kilómetros de vallado y el control de accesos a través del paso fronterizo», argumenta Vilariño.

«No se han repuesto ni siquiera los escudos, deteriorados tras el salto del año pasado, cuando los inmigrantes que superaron el muro mostraron una violencia inusitada con palos provistos de garfios, cuchillos y hierros incrustados en su calzado para escalar las vallas y que luego usaron contra los guardias civiles», alerta para subrayar su convencimiento de que «volverá a pasar».

Y la llegada del verano no hace sino aumentar los temores a que se produzcan nuevas catástrofes migratorias. Las cientos de personas que desaparecieron el pasado 14 de junio en el mar al hundirse su viejo barco en Grecia, con 700 personas a bordo, es el ejemplo más cercano.

Lo cierto es que los migrantes que estuvieron hace un año en la tragedia de la valla de Melilla que costó la vida a 23 personas, casi todas de Sudán, siguen en Marruecos decididos a llegar a Europa, con la imposibilidad ahora de volver a su país por la guerra y ante un creciente control marroquí que les empuja a buscar otras vías como Túnez.

En una habitación de cuatro por tres metros del barrio popular de Labitat, en Rabat, viven cinco jóvenes sudaneses. Todos esperan la oportunidad de cruzar por tierra a las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, porque hacerlo en patera es demasiado caro: entre 6.000 y 8.000 euros por persona.

En la habitación húmeda y sin ventanas donde residen apenas hay espacio para sus colchones, que extienden para acostarse. «Tenemos dos opciones: intentar acceder a Ceuta y Melilla o buscar otro camino que no pase por Marruecos. Para salir por mar desde aquí se necesita dinero y nosotros no tenemos ni para comer», comenta Mohamed Hasán (28 años).

Hasán fue uno de los casi 2.000 que intentaron cruzar a Melilla el 24 de junio de 2022 por el puesto fronterizo del Barrio Chino. «Perdí el contacto desde entonces con varios amigos que estaban conmigo ese día. Hasta hoy están desaparecidos. No sé donde están, pero seguro que no han entrado», lamenta. Según el Ministerio marroquí de Interior, 40 africanos volvieron a su país en los últimos 12 meses en el marco del programa de retorno voluntario coordinado por la Organización Internacional de Migraciones. Durante este período se inscribieron 204 centroafricanos en el programa, del que se beneficiaron 2.400 migrantes en 2022. Pero a raíz de la nueva guerra en Sudán, en abril se suspendió el plan.

Las organizaciones de atención a refugiados sitúan en el verano de 2021 el comienzo de la llegada de sudaneses a Marruecos y contabilizan entre 3.500 y 4.000 en un año. 

Interior asegura que las autoridades del país magrebí abortaron en 2022 4.600 tentativas de emigración clandestina con sudaneses, de las 40.589 registradas ese ejercicio. 

La vía italiana

Según los testimonios de fuentes de seguridad y de algunos inmigrantes, ante el recrudecimiento del control fronterizo, la mitad de los subsaharianos abandonó Marruecos para dirigirse a Túnez, su nuevo destino para cruzar a Europa vía Italia.

Entre ellos está Adnán (30 años), que participó también en el salto de Melilla. Cruzó el pasado día 9 a territorio argelino con destino a Túnez, aunque hasta el momento no ha dado señales de su llegada.

«Si tiene suerte llegará a Túnez, pero si cae en las manos de las autoridades argelinas lo deportarán al norte de Níger», explica su amigo Ibrahim Nur (25 años). Este movimiento migratorio, frustrado por las autoridades de Rabat, concluyó con la detención de decenas de refugiados. Nur fue uno de los arrestados. Condenado luego a tres meses de prisión, fue maltratado y juzgado sin abogado. Todos ellos denuncian racismo y discriminación laboral, entre otros problemas. Aunque también hay marroquíes, destacan, que les ayudan con dinero y comida.

«No todos los marroquíes son racistas, pero hay algunos que sí. Lo vivimos en el trabajo y en el transporte. Cuando encontramos trabajo como jornaleros nunca nos paguen como a un marroquí», lamenta Mohamed Adam (23 años). «Muchos tenemos estatuto de refugiados pero no lo respetan», indica.