El concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Albacete, Alberto Reina, ha explicado que en la comisión de Hacienda y Contratación celebrada en el día de hoy se ha tratado el expediente para proceder al pago de una parte de la instalación del túnel de luz de la calle Ancha mediante un procedimiento de convalidación de una factura por importe de 86.500 euros. "Además de este pago, aún queda por abonar el resto de la instalación hasta llegar a los 159.000 euros, que asumirá directamente el Ayuntamiento. A esta cantidad se debe sumar los otros 159.000 que se pagarán a través del contrato de limpieza viaria, lo que hace un total de 318.000 euros adjudicados sin ningún tipo de licitación pública".

En opinión de Alberto Reina, se trata de "un servicio que además ha sido adjudicado a dedo, con total oscurantismo y falta de transparencia, sin la tramitación del correspondiente expediente de contratación y que aparentemente ha supuesto un elevado sobrecoste a los ciudadanos de Albacete".

Así lo ha señalado, destacando que "la falta de concurrencia, en nuestra opinión, ha podido generar un perjuicio patrimonial al Ayuntamiento de Albacete al no haberse podido comparar el precio con otras ofertas de instalaciones de similares características a efectos de determinar la más ventajosa económicamente".

El concejal del Grupo Popular ha asegurado que "lo que se pretende con este expediente que se ha visto en la comisión no es otra cosa que dotar de apariencia de legalidad a una contratación que se ha hecho de espaldas a la Ley de Contratos del Sector público y la normativa comunitaria de contratación. Así lo que resume este despropósito es que no existe contrato y que no conocemos quién, a qué precio y en qué condiciones encargó la instalación o quién dio la orden para obligar al ayuntamiento a tener que pagar esta factura".

Además, Alberto Reina ha precisado que "son muchos los interrogantes que nos hacemos: ¿Vino una empresa e instaló un túnel de luces sin que nadie se lo encargara y ahora lo tenemos que pagar? Si no fue así, ¿fue el alcalde o un concejal el que contactó con la empresa? Sabemos que el alcalde le encarga a la empresa de limpieza viaria que contrate con esta empresa, entonces ¿fue también el alcalde el que contrató el resto de la instalación?, ante estas cuestiones la concejal de Hacienda ha reconocido que la contratación la hizo la empresa concesionaria del contrato de limpieza viaria, no entendiendo desde este grupo municipal como una empresa puede contratar en nombre del ayuntamiento y por tanto vincular a éste".

Por otra parte, ha continuado el edil popular, "los informes que pretenden sustentar la convalidación y la información suministrada por la empresa instaladora presentan incongruencias, incluso existen contradicciones en un mismo informe, esto nos hace dudar que estemos convalidando la factura que sustenta la instalación que debe pagar el ayuntamiento y no otra".

"Al no figurar en el propio expediente el coste total de los 120 metros de túnel y el presupuesto, que, según los técnicos de arquitectura, no se corresponde con lo instalado, nos preguntamos si se corresponde lo instalado con lo que 'alguien' contrató", ha dicho Reina.

Concretamente, el concejal también ha indicado que "nos parece significativo que no se conozca cuál es el servicio promotor de esta instalación o si los técnicos de algún servicio contactaron con la empresa. Queremos entender que no se ha presionado a los jefes de servicio para el montaje de este expediente, pues se han tenido que hacer hasta tres encomiendas de gestión a distintos servicios municipales, dada la negativa de dos de ellos a tramitar el pago al no existir expediente ni servicio promotor que se pueda responsabilizar del mismo". "Además, existe un expediente vinculado a esta convalidación al que no se nos ha dado acceso a la oposición, por lo que hemos carecido de la información necesaria para dictaminar el expediente", ha añadido.

En definitiva, el concejal popular ha criticado que "la tramitación para pagar esta factura es el resultado de montar un expediente para validar el capricho del alcalde y la incompetencia del equipo de Gobierno para realizar un contrato pues, según los informes presentados, el inicio del primer expediente y primeras actuaciones datan del 9 de junio, con tiempo suficiente para hacer un contrato conforme a la ley".

"Especialmente lamentables resultan las excusas y explicaciones dadas por la concejal de Hacienda, que, en un intento de eludir responsabilidades, ha achacado la no tramitación del contrato por el procedimiento legal a la negativa de FEDA a firmar un convenio con el Ayuntamiento por el cual debía encargarse de la instalación con financiación municipal y de la Diputación, acusando a FEDA de faltar a la palabra dada".

"Estas irregularidades y la falta de transparencia han sido puestas de manifiesto por todos los grupos de la oposición en la Comisión, dando lugar con su voto en contra a que el dictamen del citado órgano sea desfavorable al pago de esta factura. Únicamente los tres concejales del PSOE y Casañ han votado a favor de este expediente con la ausencia del otro representante que corresponde a Ciudadanos y el rechazo frontal de toda la oposición", ha indicado el concejal.

Alberto Reina ha lamentado que "llama la atención la ausencia en esta comisión de los dos concejales de Ciudadanos que habitualmente suelen asistir a la misma, únicamente ha contado con la presencia de Vicente Casañ, que parece ser es el único de su grupo que se presta a salvaguardar los intereses de Emilio Sáez, convirtiéndose con ello en cómplice de todas estas irregularidades. Ciudadanos venía a regenerar las instituciones y a erradicar estas prácticas y ha acabado siendo copartícipe de las mismas con el silencio cómplice de su partido".

Por último, desde el PP han recordado que ya denunciaron en su día estas actuaciones ante el Tribunal de Cuentas y la Oficina de Supervisión de la Contratación dependiente del Ministerio de Hacienda, reconociéndose por parte de esta oficina, en la admisión a trámite de la denuncia, la existencia de indicios de prácticas incorrectas en materia de contratación pública, así como posibles irregularidades en operaciones vinculadas a actividades contractuales.