Los dirigentes separatistas que se han beneficiado de los indultos y han diseñado a la carta la rebaja del delito de malversación, hablan claro. Y siguen adelante con su plan. Que pretende separar Cataluña del conjunto de España mediante la celebración de un referéndum pese a que, con arreglo al mandato constitucional, sería ilegal (Artículo 2 de nuestra Carta Magna). Pero su jefe, Oriol Junqueras, lo ve de otra manera: "Celebrar un referéndum no es delito porque no está tipificado como tal en el Código Penal." Lo que está diciendo es que confía en que, llegado el caso, Pedro Sánchez aprestaría la ingeniería jurídica necesaria para franquear la barrera legal. Para eso quiere controlar el Tribunal Constitucional.
Los separatistas se han venido muy arriba con las últimas concesiones de Pedro Sánchez y no se cortan al proclamar cómo quieren que sea el mencionado referéndum. Han elegido como referencia el apaño que en su día -con Washington pisándole el cuello a Serbia- permitió la independencia de Montenegro. Bastaría con un 50% de participación y sería suficiente con un 55% de papeletas favorables. Traducido a votantes, serían alrededor de un millón setecientos mil, el 22,% de la población actual de Cataluña. Para redondear la jugada desde ERC plantean que en la mencionada consulta debería rebajarse la edad de voto a los 16 años. Un traje a medida a sabiendas de su ilegalidad, puesto que el sujeto de la soberanía nacional reside en el pueblo español en su conjunto -47 millones de ciudadanos - y no en los siete millones y medio que residen en Cataluña.
Los protagonistas de la asonada sediciosa que gracias al "compromiso personal" de Pedro Sánchez les está saliendo gratis, confían en llegar al referéndum a pesar de que algunos ministros se han apresurado a negarlo. Hay dirigentes socialistas (significativo el redoble de tambor de Emiliano García-Page) que están preocupados por la repercusión negativa que en términos electorales podrían tener para el PSOE semejantes concesiones. Pero los hechos son tenaces. No hace tanto tiempo (año 2018), cuando Pedro Sánchez afirmaba que lo que se había producido en el Parlamento de Cataluña el 6 y el 7 de septiembre de 2017 había sido un delito de rebelión. También decía que había que endurecer las penas por delitos de malversación. Eso decía hace cuatro años y hoy estamos donde estamos.
Los sediciosos le tienen tomada la medida y por eso se atreven a lo que se atreven. Pero hay que reconocer que, a diferencia de algunos dirigentes del PSOE, ellos hablan claro. Y se les entiende todo.