Quienes exigen al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que obligue al cese de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, por sus desafortunadas palabras y el tono utilizado a la hora de enjuiciar las consecuencias de la ley del solo sí es sí, son los mismos que no saben qué hacer con el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, que desata polémica tras polémica con sus declaraciones, y menos mal que apenas tiene competencias.
En ambos casos se trata de las servidumbres de los pactos de coalición que sustentan ambos gobiernos, en los que cada una de las patas tiene limitadas las posibilidades de intervención en las decisiones y nombramientos de la otra, a pesar de que una de las prerrogativas esenciales de cualquier jefe de un Ejecutivo es la de nombrar y cesar a los miembros de su gabinete. Ni Sánchez puede cesar a los ministros de Unidas Podemos a pesar de que son los protagonistas de las mayores crisis, que han hecho saltar chispas y han causado sonrojo por las decisiones, acciones o medidas adoptadas por los ministros de esta formación, ni Fernández-Mañueco puede deshacerse de su vicepresidente de Vox, porque supondría perder su apoyo parlamentario.
La secretaria de Estado de Igualdad ha tardado dos días en pedir disculpas por sus comentarios irónicos sobre los violadores puestos en libertad por la aplicación de la ley sobre libertad sexual, sin dejar de señalar el interés de determinados sectores por menospreciar todo aquello que proceda del Ministerio de Igualdad, aunque su actitud tampoco contribuye a bajar el diapasón de las críticas, pero en último extremo ha sido la presión de otros miembros del Gobierno la que ha obligado a su rectificación. Tardía, pero rectificación.
Por el contrario, en el PP nacional y en el de Castilla y León sigue la incógnita a cerca de quien lleva razón y qué protocolo se va a aplicar después de que García-Gallardo comunicara la batería de medidas para disminuir el número de interrupciones voluntarias del embarazo en la región, que son las que demandan las organizaciones antiabortistas para que una mujer gestante que quiera abortar escuche antes los latidos del corazón de su hijo o lo vea a través de una ecografía de alta definición, sin que ni Fernández-Mañueco, ni Alberto Núñez Feijóo se hayan manifestado al respecto y solo el portavoz del comité electoral del PP, Borja Sémper haya dicho que su formación no va "tragar con cualquier cosa" y subrayara que son "perfectamente compatibles las políticas de fomento de la natalidad con una política clara de respeto a la libertad de la mujer".
Sin embargo, el embrollo causado por García-Gallardo, está lejos de aclararse, porque mientras persistía en afirmar que su plan entrará en vigor inmediatamente, desde la Consejería de Sanidad, en manos del PP, se insistía en que nada ha cambiado en el protocolo de atención a las mujeres embarazadas, y de forma paralela en otras consejerías dirigidas por los populares se daban por buenas las propuestas del dirigente ultraderechista, que además de suponer una merma en los derechos de las mujeres pueden causar problemas de seguridad jurídica a los médicos.
Los gobiernos de coalición de nuevo cuño en los que una de las partes no renuncia a su programa de máximos a la hora de la negociación tienen estas contraindicaciones.