El debate sobre el modelo territorial en España, propiciado por las exigencias de las formaciones independentistas y nacionalistas a cambio de su apoyo a una eventual investidura de Pedro Sánchez, ha abierto la veda de las peticiones y ha agitado las demandas de la mayoría de comunidades, que reclaman no quedarse atrás como territorios de segunda, más competencias o una mejor financiación.

Un ejemplo de esta reacción se produjo en Andalucía, donde el PSOE de Juan Espadas propuso crear una ponencia en el Parlamento regional para evaluar las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía, con el objetivo de profundizar en el autogobierno y lograr que esta comunidad equiparada a las «históricas» por el referéndum de 1981 «vuelva a ser garantía de la igualdad» y «factor equilibrador».

Ante esta iniciativa, el Ejecutivo de Juanma Moreno advirtió que no admitirá ningún retroceso en la unidad territorial del Estado y el PP planteó una proposición no de ley en la que se pide la defensa del principio de igualdad de todos los españoles y el «rechazo a la amnistía o indultos que quebranten la organización territorial de España y la unidad nacional». 

En Galicia, el BNG reclamó días atrás en el Parlamento un nuevo Estatuto, con más autogobierno, y a la altura del que puedan tener el País Vasco y Cataluña en las negociaciones para una nueva hipotética investidura de Sánchez, y el presidente, el popular Alfonso Rueda, insistió en que el Estatuto actual (1981) y la Constitución son el marco de autogobierno que defiende la mayoría de Galicia.

En Navarra, el Ejecutivo foral, presidido por la socialista María Chivite junto a Geroa Bai y Contigo Navarra, también expresó su intención de seguir avanzando en la transferencia de competencias, como I+D+i, Inspección de Trabajo o Seguridad Social -mientras la de Tráfico está en pleno proceso de transferencia-, después de que en los últimos años el Parlamento llegara a acordar el impulso de una ponencia para avanzar en el desarrollo de competencias, que no llegó a constituirse.

En esta línea, en el último pleno de Política General en el Parlamento Vasco, el lendakari, Íñigo Urkullu, denunció la «seria erosión competencial» del autogobierno, reclamó su desarrollo mediante el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado dentro de la Constitución y pidió cuatro nuevas transferencias al Gobierno central.

Sin embargo, a pesar de las declaraciones habituales en Euskadi sobre autogobierno, formalmente no hay ninguna iniciativa parlamentaria sobre la mesa y el último intento de aprobar en el Parlamento Vasco un texto para la reforma del Estatuto de Gernika de 1979 lleva paralizado cuatro años. 

De igual modo, en varias comunidades se demanda el pleno desarrollo de su vigente estatuto de autonomía, como en Canarias, que exige asumir competencias ya recogidas, como Salvamento Marítimo, seguridad privada, sistema penitenciario y participación en la gestión de los puertos y aeropuertos de interés general, y revisar otras ya traspasadas.

Y es que, mientras en Cataluña el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, insiste en la «oportunidad» que la actual situación política ofrece para «hacer avanzar el país» y «abrir caminos de futuro», en comunidades como Aragón, Castilla y León y Madrid el debate territorial no destaca en la agenda política más allá de las reacciones ante los movimientos del independentismo a nivel nacional

Negociación multilateral

En algunas de estas y en otras regiones, como Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana o Extremadura, están más preocupados porque la futura financiación autonómica parta de una negociación multilateral y no bilateral, para que todos los territorios puedan posicionarse en un plano de igualdad.

En concreto en Extremadura, el PP presentó en el parlamento regional una propuesta de pronunciamiento en la que se insta al Ejecutivo central a adoptar una serie de medidas en defensa de la igualdad de todos los españoles, como un modelo de financiación autonómica que «garantice ese principio y el de solidaridad».

Por su parte, en La Rioja, cuyo nuevo Estatuto de Autonomía lleva cuatro años atascado en el Congreso de los Diputados, también los populares presentaron la semana pasada dos proposiciones en su cámara regional, donde tienen mayoría absoluta, para que el Parlamento se declare a favor de la igualdad entre comunidades y entre todos los españoles y también en contra de una posible amnistía.

Reformas estatutarias

En paralelo, en Castilla-La Mancha se ha abierto una negociación para reformar el Estatuto de Autonomía y no se descarta pedir más autogobierno, aunque desde el Gobierno del socialista Emiliano García-Page señalan que hay actualmente otras prioridades, como garantizar una financiación justa y suficiente que pelearse por ver quién tiene una competencia más.

La Comunidad Valenciana no renuncia tampoco a la petición aprobada en 2020 en Les Corts por PSPV, Compromís, Unides Podem y PP de incluir la recuperación del derecho civil valenciano en una reforma puntual de la Constitución.

En el caso de Baleares, el grupo parlamentario que tiene previstas varias iniciativas en este sentido es MÉS per Mallorca (en la oposición), entre ellas pedir las competencias de policía autonómica, instituciones penitenciarias y justicia o reivindicar la cogestión de puertos y aeropuertos.

Asimismo, el PP de la Región de Murcia está preparando mociones sobre cuestiones competenciales y de igualdad entre regiones, mientras el PSOE aboga por reformar el Estatuto de Autonomía para volver a lo consensuado en 2019, «con el fin de actualizarlo e incorporar nuevos derechos».

Del debate tampoco se libra Ceuta, donde los dos partidos localistas con representación en la Asamblea -Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, con tres escaños, y Ceuta Ya!, con dos- han pedido que la ciudad se convierta en comunidad autónoma para mejorar su situación y equipararse al resto de territorios.