La Sección Segunda de la Audiencia Provincial juzgó ayer a un hombre que se enfrenta a cuatro años de prisión por apropiarse de entre 400.000 y 1.000.000 de euros de la anciana  de la que era administrador de sus cuentas, como persona de confianza y de la que llegó a ser tutor legal, una apropiación indebida que el procesado negó haber cometido.

El juicio comenzó con polémica, ya que el abogado de la defensa, Mariano López Ruiz, solicitó que recusasen a dos de los magistrados miembros del Tribunal, concretamente a María Otilia Martínez y del presidente de la Sala, Juan Manuel Sánchez Purificación. Y es que ambos magistrados fueron responsables, en el pasado, de un Auto sobre el sobreseimiento de la causa, en el que se decidió continuar con la tramitación.

Tras deliberar, los dos magistrados optaron por admitir la causa de recusación, para no dañar la imagen de imparcialidad de la Sala, por lo que fueron sustituidos por César Monsalve y José Ramón Solís.

La Vista. Ya en el juicio, el abogado de la defensa, Mariano López Ruiz, solicitó que su cliente declarase al acabar la misma, una petición que fue aceptada por el Tribunal.

El abogado defendió en todo momento la inocencia de su cliente. «Pedimos la absolución y lo hacemos de una forma radical y convencida, porque mi cliente no ha distraído ninguna cantidad, no se ha apropiado de ningún dinero durante todo el tiempo que estuvo con esta señora, con toda la confianza que ella le tenía».

Además afirmó que tenía pruebas de la inocencia del procesado. «Se ha aportado un informe pericial en el que deja absolutamente claro que todas las cantidades que se han gastado se corresponden con gastos que tenía y otro tipo de inversiones y por tanto, mantenemos su inocencia de principio a fin».

También señaló, antes del juicio, que la fiscal hablaba de unas cantidades de dinero elevadísimas, porque no tenía en cuenta todos los gastos a los que había hecho frente su cliente, en representación de la anciana. «La Fiscalía habla de unas cantidades totalmente desorbitadas, porque no se tiene en cuenta, por ejemplo, pagos que se habían hecho a la Administración Autonómica, a la Hacienda Autonómica, por importe de casi 600.000 euros, durante este periodo de tiempo y por tanto, esas cantidades y otras que se obvian en el informe del Ministerio Fiscal es lo que produce esta confusión y esta alteración de la realidad que nosotros queremos poner de manifiesto a lo largo de este juicio».

Por su parte, la Fiscalía mantuvo su petición de cuatro años de prisión para el procesado y solicitó la devolución del dinero del que estime el Tribunal que se apropió.

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