Aunque apenas ha viajado al extranjero desde el comienzo de la invasión a Ucrania, Vladimir Putin afronta ahora un serio dilema tras la orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI), que le impide viajar, teóricamente, a más de la mitad de los países del mundo. El mandatario tendrá que hilar muy fino a partir de ahora, ya que 123 países han firmado el Estatuto de Roma -el tratado fundacional del TPI- y otra treintena lo han suscrito, aunque no ratificado. Sus desplazamientos ahora tendrán que ser especialmente analizados antes de salir. 

Esta misma semana, el presidente visitó Jersón y Lugansk, dos territorios que Moscú considera rusos, aunque sean ucranianos. Pero tampoco habría problema: la exrepública soviética no pertenece a ese selecto grupo, por lo que Putin no podría haber sido detenido.

El inquilino del Kremlin ya había reducido al mínimo sus viajes debido al coronavirus y su única visita a Occidente desde entonces fue su reunión en Ginebra con el presidente de EEUU, Joe Biden, en junio de 2021. Y desde el comienzo de la campaña militar rusa en Ucrania, ha sido muy cuidadoso con sus desplazamientos al exterior. De hecho, Irán es el único Estado al que ha viajado fuera de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes (CEI).

Ahora, con la orden emitida por La Haya en marzo, Occidente queda descartado, al igual que Europa del Este, si bien Hungría ha decidido romper filas y asegura que no arrestará a su aliado si visita su territorio. Y aunque EEUU nunca firmó el tratado, la Casa Blanca no solo ha acusado a Putin  de ser «un criminal de guerra», sino que quiere que el mandatario rinda cuentas.

En África son mayoría las naciones que reconocen la jurisdicción del TPI; mientras en Asia, China, Turquía y la India nunca llegaron a rubricar el tratado, al igual que ocurre en América Latina con Cuba y Nicaragua. Los principales países latinoamericanos sí firmaron el Estatuto de Roma, aunque algunos, como Venezuela, no parecen decididos a ponerlo en práctica.

Que el nerviosismo ha cundido en el Kremlin es un hecho, ya que ahora queda en el aire el previsto viaje de Putin a Sudáfrica para la cumbre en julio del foro BRICS, ya que el anfitrión se encuentra entre los signatarios del tratado del TPI.

La portavoz de Exteriores rusa, María Zajárova, expresó su confianza en que el «amistoso» Gobierno de Johanesburgo garantice el trabajo de «todos los socios», aunque este respondió que es «consciente» de su obligación legal de arrestar a Putin y que seguirá en contacto «con varios actores implicados con respecto a la cumbre».

¿Vecinos de fiar?

El espacio postsoviético ha dejado de ser un lugar seguro para Putin. Siete antiguas repúblicas soviéticas suscribieron el tratado, aunque solo tres -Moldavia, Georgia y Tayikistán- lo ratificaron. Nunca lo firmaron Kazajistán, Turkmenistán, Azerbaiyán y Bielorrusia.

Sorprendente fue la reacción de Armenia, aliado del Kremlin que una semana después de la orden de arresto anunció que su Tribunal Constitucional dio luz verde a la ratificación. Una decisión que podría deberse a la falta de apoyo ruso durante el conflicto del país con Azerbaiyán. Sin embargo, un diputado armenio, Armán Abovián, aseguró, que «nadie en su sano juicio» ordenará el arresto de Putin. 

La indignación ha ido en aumento. El Parlamento ruso aprobó el martes una ley que castiga con hasta cinco años de cárcel a quienes cooperen con el TPI y el expresidente Dimitri Medvedev lanzó una severa advertencia: la eventual detención de Putin por la orden de La Haya equivaldría a una «declaración de guerra» de quien arrestase al presidente. Toda una declaración de intenciones -o excusa- de quien ya ha mostrado su deseo de extender el conflicto hacia el oeste de Ucrania.