La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha comparecido en rueda de prensa para dar cuenta de la situación en la que se encuentran las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura y de los acontecimientos que se vivieron ayer en la reunión del Consejo Nacional del Agua.
El 7 de marzo, a propuesta del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, pidió a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, convocar un grupo de trabajo para que las comunidades autónomas pudiesen expresar su opinión acerca de las reglas de explotación.
Las autonomías convocadas tenían un plazo de 15 días para presentar un informe con sus propuestas, Castilla-La Mancha presentó las suyas mientras que Andalucía, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia "no presentaron ese proyecto técnico".
AGUA GÓMEZ - Foto: JCCMGómez se mostró "sorprendida", ya que "además exigían que tuviesemos solidaridad hídrica". Actualmente, gracias a las lluvias de las últimas semanas, los embalses de cabecera superan los 1.000 hectómetros cúbicos y "no interesa cambiar las reglas de explotación", ha asegurado la titular de Desarrollo Sostenible.
La posición de Castilla-La Mancha es clara: "nosostros creemos que es justo ahora cuando hay que cambiarlas". Las reglas de explotación "deben seguir los niveles de la cuenca cedente", siguiendo "una máxima ecológica" para recuperar la "naturalidad" del río Tajo.
Según el Plan Hidrológico, las reglas de explotación para 2027 de los caudales ecológicos deberán incrementarse un 44% a su paso por Aranjuez, un 72,5% por Toledo y en un 80% por Talavera de la Reina. "Unos caudales ecológicos imposibles de cumplir si no se aumenta el agua en cabecera", ha reprochado Gómez.
Por ello, desde Desarrollo Sostenible han pedido en este informe "la revisión de los embalses de referencia para cumplir con los caudales ecológicos" y que se cumplan "con todas las necesidades de la cuenca cedente".
Además, Gómez ha considerado que "el desarrollo socioeconómico" y el "abastecimiento de nuestros ciudadanos" es una cuestión "muy importante". Ahora mismo hay "22 municipios en el entorno de los embalses de cabecera que sufren restricciones que no podemos consentir", ha dicho.
Ha comparado la situación entre regiones, "la población de Castilla-La Mancha no tiene la oportunidad del Levante de utilizar agua desalada" y ha ironizado con la posibilidad de hacer "un trasvase a la inversa" con agua tratada, "que no es el caso, porque no lo estamos pidiendo".
La consejera ha expuesto un gráfico en el que se muestra la cantidad de agua trasvasada (línea azul) y el agua desalada (línea amarilla) en la mancomunidad de Canales de Taibilla, Gómez ha remarcado que a la comunidad Valenciana "no le interesa el agua desalada" y prefieren "recurrir al Tasvase".
"Se produce una gran paradoja", ha dicho, "en el año 2017 hubo un periodo de sequía muy grave" en España y el Trasvase produjo para abastecimiento 26 hectómetros cúbicos, "pero las desalinizadoras en ese momento produjeron 98,7 hectómetros cúbicos".
Gómez ha sentenciado que "la desalinización es una solución que está al alcance del Levante, pero no de Castilla-La Mancha". Ante esta situación, y al no haber presentado sus informes, la titular de Desarrollo Sostenible, ha acusado a los Gobiernos del Levante de "faltar a la verdad" y no respetar al Gobierno regional y al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO).
La titular de Desarrollo Sostenible ha apelado al "principio de igualdad entre regiones", sobre todo porque Castilla-La Mancha tiene "la mayor huella hídrica de España". Debido a estas consecuencais, asegura la consejera, hay "muchos agricultores que han dejado la actividad" junto a "proyectos empresariales" que se han visto afectados y que requieren de un "alto consumo de agua"
Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha han asegurado que pidieron al MITECO que "trajese cuanto antes al Consejo Nacional del Agua las reglas de explotación". "Nosotros no vamos a exigir cuales son las reglas de explotación sin los informes del CEDEX", ha expuesto para seguir reclamando que se cumplan las sentencias judiciales en materia hídrica.