El Ayuntamiento de Albacete formalizó recientemente el contrato con las mercantiles que le prestarán el servicio de consultoría y asistencia para definir el proyecto de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad, obligación legal para todas las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia.

Una unión temporal de empresas, formada por Colin Buchanan Consultores y Sener Mobility, resultó adjudicataria en la licitación, al ser considerada su oferta de algo más de 78.000 euros la más ventajosa de las 12 presentadas.

Esas compañías se encargarán de buena parte de los trabajos previos a la puesta en marcha de la zona mencionada, definida en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, de 2020, como «un ámbito delimitado por una Administración pública, dentro de su territorio, de carácter continuo, y en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones».

El presente año era la fecha límite que fijaba la mencionada norma estatal para contar con la ZBE, aunque es probable que muchos consistorios incumplan ese plazo, dado el avance que llevan los proyectos. Mientras, diversos sectores pidieron que se concreten cuanto antes para saber qué vehículos y en qué condiciones podrán acceder.

De acuerdo al pliego de condiciones del contrato, la adjudicataria deberá presentar, en un plazo máximo de seis meses, un proyecto que servirá de base para la redacción de la ordenanzas municipales que sean necesarias para su tramitación y aprobación por el Pleno, así como definir un sistema de indicadores y el contenido mínimo de la plataforma de gestión de la ZBE.

Para el desarrollo del contrato se establecen fases de trabajo, siendo la primera de ellas la realización del diagnóstico necesario para el posterior desarrollo de una propuesta de medidas y finalmente la definición de una estrategia de implantación, incluyendo todas ellas participación pública.

El documento incluirá una propuesta de esquema de monitorización y control a partir de los sistemas disponibles y, en caso de que lo considere necesario, de otros complementarios. Entre los disponibles se incluyen los que ya son propiedad del Ayuntamiento y están instalados, como los que actualmente sirven para el control de la Zona de Acceso Controlado  del centro de la ciudad o el de control de la calidad del aire y del ruido ambiental.

Además, se evaluará el parque de parkings públicos existente para realizar una propuesta de nuevos aparcamientos disuasorios.

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