El coronel de la Guardia Civil José María Tienda, cesado como jefe de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife por "pérdida de confianza" por su presunta implicación en la investigación que se sigue en un juzgado madrileño por reformas en varios cuarteles, estuvo al frente del órgano en los años en los que se adjudicaron de forma presuntamente irregular al menos siete obras por un importe conjunto de 44.866,20 euros.

Así consta en un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Europa Press, aportado al procedimiento que se investiga en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid y que lleva al menos ocho meses paralizado a la espera de un informe pericial sobre las obras efectuadas en una decena de cuarteles de la Benemérita.

Tienda asumió la jefatura de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife en 2017 y se mantuvo al frente hasta la noche de ayer miércoles, cuando el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, acordó su cese. Las presuntas irregularidades acometidas en dicha Comandancia -que se investigan ahora por la vía judicial- abarcan el periodo comprendido entre diciembre de 2014 y abril de 2019 y afectan al menos a 47 obras.

Según recoge el documento del Instituto Armado, en esos cuatro años y medio aparecen contabilizadas en la Aplicación Logístico-Financiera Integral de la Guardia Civil distintas facturas emitidas por las empresas Angrasurcor SL, Solocorcho SL, Canarycork SL e Impermecork SL, así como por un trabajador por cuenta propia, "tramitadas como contrato menor y anticipos de caja fija por la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife por importe conjunto de 927.499,74 euros".

Obras en Santa Cruz de Tenerife

En el oficio de Asuntos Internos consta que en 2019 el coronel jefe del Servicio de Acuartelamiento de la Dirección General de la Guardia Civil emitió un informe sobre la verificación de la ejecución material de los trabajos que desveló que del total de facturas analizadas relativas a obras en 21 cuarteles --1 en la isla de El Hierro, 4 en La Gomera, 5 en La Palma y 11 en Santa Cruz de Tenerife-- se detectaron, entre otras cuestiones, ocho casos en los que no se había ejecutado alguna de las unidades de obra facturadas.

En dicho informe se desglosan siete de las adjudicaciones de obras que están bajo sospecha en acuartelamientos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife fechadas entre 2017 y 2019, años en los que Tienda ya estaba como jefe de la Comandancia.

En concreto, figuran tres en 2017: una en el cuartel de La Victoria, por 1.730 euros; una en el de Puerto de La Cruz, por 811,20 euros; y una en el de Icod de los Vinos, por 2.200 euros. También consta una en 2018 en el acuartelamiento de Los Llanos de Aridane, por 18.290 euros. Estas cuatro aparecen en la lista de "casos en los que no se ha ejecutado algunas de las unidades de obras facturadas".

A la lista se suman dos casos de "ejecución deficiente": uno en el cuartel de Los Llanos de Aridane, por 5.720 euros; y uno en el de Valverde de El Hierro, por 13.4546 euros. Las dos facturas son de 2018; la primera, por picado de los petos en toda la cubierta y zonas comunes; la segunda, por pintado con resina blanca en las fachadas exteriores y paramentos interiores de la zona de dependencias oficiales, "no habiéndose aplicado la resina que consta en la factura".

Consta también un caso en el que "se superponen obras". La factura, de 2.569 euros, es de noviembre de 2018 y responde a una "reparación de mortero y pintura de las perreras del acuartelamiento de La Laguna, coincidente con una obra en ejecución a fecha 14 de marzo de 2019".

Así, el informe apunta al menos a siete adjudicaciones de obra presuntamente irregulares por un importe conjunto de 44.866,20 euros en los años en los que Tienda dirigía la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife.

Investigación en Madrid

En general, el informe elaborado por Asuntos Internos de la Guardia Civil revela que entre 2008 y 2019, 13 unidades territoriales de este cuerpo adjudicaron obras a empresas administradas por el empresario Ángel Ramón Tejera de León, alias Mon, y a un trabajador por cuenta propia por valor de más de 3,3 millones de euros.

Mon figura como investigado en el juzgado madrileño que instruye la causa relativa a los cuarteles y aparece en el sumario del caso Mediador como persona vinculada al general investigado Francisco Espinosa.

Los agentes inciden en que, pese a constar como terminadas, algunas obras no fueron ejecutadas o fueron realizadas parcialmente, "lo que pudiera ser constitutivo de los delitos de falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y malversación".

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que la titular del juzgado madrileño a cargo de la investigación, la magistrada María Isabel Durantez, intenta esclarecer si el importe destinado a las reformas de las comandancias de la Benemérita se corresponde con los trabajos realizados y que -aunque encargó un informe pericial el año pasado- hasta el momento permanece a la espera de las conclusiones de los expertos.

Dicho informe serviría para esclarecer las obras acometidas en 13 comandancias: las de Murcia, Albacete, Algeciras, Alicante, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, La Coruña, Santa Cruz de Tenerife y Toledo. Por las supuestas irregularidades en la contratación de dichas reformas figura como investigado el teniente general de la Guardia Civil Pedro Vázquez Jarava, quien se encontraba al frente en la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil en el momento de los hechos.

La investigación que se instruye ahora en Madrid procede de unas diligencias penales abiertas en 2019 por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Ávila por un delito de malversación a raíz de un atestado de Servicios Internos de la Guardia Civil.

Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, aquellas diligencias fueron abiertas por denuncias que advertían de "una posible actuación ilícita en una serie de contratos para obras en acuartelamientos", que se habrían hinchado y algunos pagados sin ejecutar. El juez instructor, tras estudiar el asunto, entendió que no era competente, ya que el teniente general investigado tenía la sede oficial en la Dirección General de Madrid.