Pobre Justicia, con la venda en los ojos y la esperanza perdida. "Donde hay poca justicia, decía Quevedo, es un peligro tener razón". Los funcionarios amenazan ahora con movilizaciones una vez que han visto los frutos de la huelga de los letrados, los antiguos secretarios judiciales, que se ha saldado con una subida de cinco mil euros al año.
¿Quién va a reactivar una justicia colapsada, mal organizada e ineficientemente gestionada que, ahora, después de más de dos meses de huelga, se encuentra con 400.000 juicios y vistas suspendidos, 480.000 demandas pendientes de distribución a los juzgados y más de 1.500 millones de euros, que pertenecen a ciudadanos que los necesitan, retenidos en cuentas de consignación? ¿Cuánto va a costar y cuánto tiempo más se van a retrasar juicios y sentencias, sin hablar de la ejecución de éstas, otro cáncer de la justicia?
Ahora vendrán la avalancha de notificaciones y las prisas y pagarán los abogados y procuradores y sus clientes. Y seguirán convocándose juicios para 2026 o 2027. ¿Justicia? Seguramente tenían alguna razón los letrados de la Administración de Justicia en sus reivindicaciones, desatendidos por el Ministerio de Justicia incluso durante la huelga, pero el daño causado es enorme. Como tendrán razón los funcionarios, y los jueces y los fiscales, muchos menos de los necesarios. Pero quien paga son los ciudadanos. La Justicia no da votos, aunque debería darlos, y por eso los partidos miran a otro lado. Ni se reforma la Ley de Enjuiciamiento Criminal ni las leyes de eficiencia procesal y de organización salen adelante. ¿Eficiencia, organización, gestión? ¡Pobre justicia!
Y si solo fuera eso... Decía Montesquieu, antes de que lo enterrara Alfonso Guerra, que "una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa". El varapalo del Tribunal Supremo al ex juez y ahora ministro Marlaska es de los que obligan a una dimisión inmediata o a un cese que no se producirán. Eso, sin hablar del buen trato a los presos de ETA y el desprecio a las víctimas. Los problemas de le ley del sólo sí es sí, crecen. Ahora la reforma se aplaza hasta el 20 de abril por exigencias de Podemos y seguirán reduciéndose penas y poniendo en la calle a violadores "por culpa de los jueces machistas".
Los problemas de la ley trans ya han comenzado y será otro tsunami que afectará al deporte, a la infancia, a la adolescencia y a la convivencia. La ley de bienestar animal reconoce derechos a los animales, y hasta al mar, que se niegan a los humanos no nacidos y fija obligaciones imposibles de cumplir. El Consejo de Estado ha puesto sobre la mesa las barbaridades que incluye la ley de familias, que, además, elimina a las familias numerosas. De todas esas leyes y otras que fomentan la inseguridad jurídica, son responsables, en gran medida, las prescindibles, pero confirmadas, ministras de Podemos, y, desde luego, también el Ministerio de Justicia, por el que deben pasar todas las leyes que afectan a derechos fundamentales. Y el Gobierno y los grupos parlamentarios que le sostienen por lo que reciben a cambio. Si la justicia se aparta de la razón y la técnica correcta, más que justicia debe llamarse astucia y oportunismo populista.
Lo del Consejo General del Poder Judicial es un escándalo consentido por el PP y el PSOE, por el Congreso, por el Senado y por el Gobierno. El Tribunal Constitucional, como la Fiscalía General del Estado, parece que ya se sabe de quién depende, dada la celeridad en las decisiones y la unanimidad en el voto de los magistrados "progresistas". En el Consejo de Estado vuelve a haber reparto de cromos entre PP y PSOE para colocar o recolocar a los fieles y expulsar a los críticos, como Amelia Valcárcel, alguien cuya integridad y altura intelectual son indudables. ¿Independencia? Y luego quieren que la ciudadanía recupere la confianza en la justicia y en las instituciones. No son buenos tiempos para la Justicia.