La Comisión Europea sigue regando España de dinero de los fondos Next Generation. Esta semana pasada llegó un nuevo tramo, otros 6.000 millones de euros. En total, han llegado ya a España más de 35.000 millones sin que aún conozcamos en qué proyectos se han invertido siguiendo los objetivos para los que se crearon estos fondos y que tienen que ver con la digitalización, la investigación o la innovación. Sí sabemos, por el contrario, algunas cosas que deberían provocar alguna responsabilidad en los que los conceden y en el gobierno que los recibe y no da cuenta de ello.
Sabemos algunas cifras que sonrojan. Por ejemplo, que un 54% de los expedientes que se resuelven en realidad se quedan en la Administración. Otros muchos se han destinado a campañas de publicidad, propaganda, cursos en igualdad para funcionarios e incluso para programas de TVE. Es muy poco, según denuncian las asociaciones empresariales, el dinero que realmente ha llegado a la economía. Ni siquiera está a pleno rendimiento la plataforma que daría información sobre la trazabilidad del dinero, como ya puso de manifiesto la comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, presidida por Monika Hohlmeier, que visitó España para averiguar qué estaba pasando realmente con los fondos y que se fue declarando que había sido imposible saber dónde estaba el dinero.
Resulta, por lo tanto inconcebible que la Comisión Europea, sin esperar a los resultados de esa comisión parlamentaria y a pesar de las múltiples denuncias en España, siga dando dinero al gobierno de Pedro Sánchez. Un dinero que habría resultado muy útil para modernizar la economía española tras la pandemia y en plena invasión de Ucrania, sobre todo teniendo en cuenta que nuestro país es el único que aún no ha sido capaz de recuperar los niveles de riqueza previos a la pandemia. Muy al contrario, somos el país que más se ha empobrecido, que más poder adquisitivo ha perdido, donde más ha subido la presión fiscal (impuestos y cotizaciones) que sigue siendo campeón del paro y cuya renta per cápita es menor que la de algunos países bálticos. Ni siquiera este Gobierno ha sido capaz de aumentar los contratos de trabajo ligados a los fondos europeos, apenas 4.750 en dos meses, el 0,22% del total.