El Gobierno español en funciones priorizará el despliegue del catalán en la Unión Europea (UE) si se aprueba su oficialidad junto a la del euskera y el gallego, una cuestión que este martes se aplazó pero que sigue su camino en la UE, lo que le permitió al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, decir que el Ejecutivo en funciones "ha cumplido su compromiso".
La reunión del Consejo de Asuntos Generales de este martes concluyó con la constatación de que, aunque ningún Estado miembro vetó frontalmente la propuesta, varios insistieron en pedir aclaraciones sobre el impacto legal, presupuestario y práctico que tendría incorporar a estos tres idiomas al corpus lingüístico europeo.
La cuestión se remitirá ahora a grupos de trabajo del Consejo de la UE donde se "canalizarán" los comentarios que han planteado en la reunión de este martes los otros socios europeos, cuyos ministros al llegar a la reunión se dividían entre apoyar el multilingüismo en la Unión Europea y la cautela ante una propuesta "sin precedentes".
Albares explicó tras el encuentro que se ha dado un paso "clave" hacia la modificación del reglamento que contiene las lenguas oficiales de la UE y defendió la opción de priorizar la implementación de la oficialidad del catalán antes que la de gallego y vasco una vez haya consenso a Veintisiete para dar luz verde.
"Algunos Estados miembros han planteado que tres lenguas de una sola vez era algo más difícil y nos hemos abierto a que el idioma cuyos representantes han solicitado con más insistencia la inclusión dentro de la modificación del reglamento y que es hablado por más de diez millones de personas sea el primero en su despliegue", explicó el titular de Exteriores español en funciones.
Negó, en este sentido, que esto suponga una discriminación del euskera y del gallego y aseguró que "el final" del proceso sigue siendo que las tres lenguas cooficiales entren en el régimen lingüístico comunitario en las mismas condiciones.
Una fuente diplomática dijo que el ministro español mencionó en sus conclusiones la decisión de priorizar el catalán antes que gallego y euskera "pese a que ningún Estado miembro había mencionado este tema en sus intervenciones previas".
"El Gobierno ha cumplido hoy con su compromiso y tal y como pedí por carta el pasado 17 de agosto, (...) hoy hemos puesto en marcha aquí en Bruselas la reforma del reglamento número 1 sobre el régimen lingüístico de la UE", señaló Albares, que reconoció la voluntad del Gobierno de financiar los costes.
Las dudas sobre el gasto de financiación fue una de los asuntos que plantearon la mayoría de los 21 Estados que tomaron la palabra en la reunión, explicó una fuente diplomática, junto a las cuestiones jurídicas y prácticas que supone la posible oficialidad del catalán, el euskera y el gallego.
"Yo soy un gran amigo de las lenguas de España. Soy un gran amigo de la cultura catalana. Juntos tenemos que defender la diversidad lingüística de la UE, pero también tenemos que conocer las consecuencias de nuestras decisiones", dijo en catalán a su llegada el ministro de Asuntos Europeos finlandés, Anders Adlercreutz.
"Es muy pronto para tomar una decisión hoy", apuntó.
Aun así, Laurence Boone, la secretaria de Estado de Asuntos Europeos de Francia, a priori uno de los países más reticentes a la propuesta, mostró su voluntad de "acomodar a España en este tema", igual que hicieron Croacia y Eslovaquia.
Sobre el impacto que puede tener en su país, Boone diferenció entre la Constitución de Francia y el marco jurídico europeo y aseguró que no tiene miedo de los posibles efectos.
Quien claramente apoyó la petición española fue el secretario de Estado para Asuntos Europeos de Eslovenia, Marko Stucin, que señaló que el esloveno lo hablan dos millones de personas y dijo entender "el deseo de todo el que habla una lengua oficialmente reconocida en un Estado miembro de que también sea una lengua en la UE".
Tras la reunión, la eurodiputada del BNG Ana Miranda lamentó en un comunicado la decisión de "priorizar unas lenguas sobre otras" y advirtió de que para su partido "no hay lenguas de segunda", al tiempo que reclamó que este tema no se aplace 'sine die' pese a que el Consejo no haya fijado plazos para la decisión.
Por su parte, el secretario general y eurodiputado de Ciudadanos, Adrián Vázquez, opinó que el aplazamiento de la decisión por parte del Consejo equivale a un rechazo y consideró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sólo trata de "chantajear (...) para conseguir un rédito personal en las instituciones europeas".