El conjunto del sector agrario movilizado en las últimas semanas ha planteado a las Administraciones la necesidad de una política agraria que garantice la rentabilidad de las explotaciones mediante la aplicación de la Ley de la Cadena, de tal manera que se paguen unos precios que cubran los costes de producción de agricultores y ganaderos. Este sería el principal instrumento para asegurar la continuidad de las explotaciones y con ello, propiciar el relevo generacional y, a la postre, el mantenimiento del medio rural.
De cara a Bruselas se plantea más flexibilidad a la hora de aplicar las nuevas medidas medioambientales de condicionalidad reforzada, además de las de bienestar animal; menos burocracia; más simplificación de los mecanismos administrativos de control que suponen una carga, especialmente para las pequeñas y medianas explotaciones; y una mejor ordenación del comercio exterior agroalimentario.
Estas han sido algunas de las exigencias más importantes del sector para el Consejo de Ministros de la Unión Europea del sector agrario; pero, además, son las mismas demandas que plantea el propio ministro de Agricultura, según se contempla en sus recientes misivas a las instancias comunitarias. Más allá de los posibles retoques planteados a última hora por la presidencia belga solo para una parte reducida de las exigencias medioambientales tras las movilizaciones, en medios agrarios se abunda en la idea sobre la necesidad de ir ya a una reforma intermedia prevista para 2025 o, por lo menos, de ajustes importantes en la actual PAC que termina en 2027, tras las próximas elecciones al Parlamento Europeo.
La mayor flexibilización y simplificación de la PAC no es una demanda nueva del sector, sino una constante que se repite como un reto de las propias instancias comunitarias en las últimas décadas. Es algo que se pide desde la reforma de 1992, pasando por la de 1999 y muy especialmente la de 2013, a la que siguió el reglamento Omnibus de 2018 y finalmente la reforma actual 2023-2027.
Al igual que en las movilizaciones de años precedentes se centraban en la fiscalidad, el IVA o el gasóleo profesional como elementos base para sujetar los costes de producción y tener rentabilidad en base a la Ley de la Cadena, en la actualidad el sector ha llevado y mantiene sus protestas con los mismos objetivos de costes, rentabilidad y con una mejor aplicación de la Ley. Pero el campo no ha puesto en el pedir dinero el eje de sus demandas, sino la posibilidad de poder trabajar sin tantas ataduras medioambientales y de control que merman su competitividad frente al exterior sin necesidad de tener una gestoría en el tractor o en la granja para mantener abiertas las explotaciones y la actividad en el medio rural. Además se ha trasladado a calles y carreteras la batalla de la representatividad como una demostración de fuerza con movilización de personas y tractores.
El sector rechaza que el campo siga como moneda de cambio en el comercio exterior comunitario, con las fronteras como autopistas abiertas a terceros países perjudicando la agricultura de los Estados miembros del sur de la Unión Europea para beneficiar las exportaciones industriales de los países del norte.
Frente a las exigencias iniciales contempladas en las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM) o la condicionalidad reforzada, indispensables para acceder a las ayudas, Agricultura dio un pasó mas con la propuesta de una serie de medidas para flexibilizar su cumplimiento -que deben ser aprobadas por Bruselas-, así como para simplificar los procesos en política interior eliminando las fotos georreferenciadas, restaurando el régimen simplificado para las explotaciones con ayudas de hasta los 5.000 euros o haciendo voluntario el Cuaderno de Explotación. A esto se suman otras medidas sectoriales en producciones como vino, apicultura o política de apoyo a la exportación. En la misma línea, el ministro remitió sendas cartas al comisario de Agricultura y a la Presidencia belga en las que solicitaba a los países miembros propuestas para reducir cargas administrativas a los agricultores y ganaderos.
En este sentido, el ministro Planas indicaba al comisario de la UE y a la Presidencia belga que los cambios de enfoque en la PAC son uno de los principales motivos de descontento, pasando de cumplir requisitos a exigir objetivos y que suponen una mayor subsidiariedad para cada país. Planas advierte que en este primer año en la aplicación de la nueva PAC se ha puesto de manifiesto que no supone una mayor simplificación. Por este motivo, solicita un periodo de reflexión y un nuevo debate entre los países miembros. En respuesta a la presidencia belga que pedía a los países miembros propuestas para reducir la carga administrativa a los agricultores y ganaderos, el ministro español advierte de que la supresión de algunos nuevos reglamentos no supone una simplificación, sino una mayor carga.
Trabajo en casa.
Planas señala que la aplicación de la nueva PAC desde 2023 es uno de los principales motivos de descontento ya que ha supuesto no solo una mayor complejidad adicional, sino determinadas exigencias que obstaculizan el ejercicio adecuado de la actividad agraria. En esta línea aboga por la necesidad de escuchar más que nunca las inquietudes del sector y aprovechar la oportunidad para fijar objetivos y políticas realistas que sean compartidas por agricultores y gobiernos, algo que, en algunos medios agrarios se considera que el ministro debería impulsar más en su propia casa. En conjunto, cambios y medidas demandadas por el campo y por el Ministerio de Agricultura que en medios del sector se entiende supondrían la necesidad de una reforma parcial intermedia de la PAC.
En lo que afecta a la política agraria en el interior, el sector reclama igualmente un cambio de rumbo de la misma en línea con las demandas a nivel comunitario, como la flexibilidad y simplificación en el Plan Estratégico, la aplicación de la cláusula espejo en las importaciones, la modificación de la directiva comunitaria sobre prácticas desleales en la cadena o un plan de choque contra los incrementos de costes. El sector aboga igualmente por la reducción de las cargas sociales en la contratación laboral en el campo, mejoras en la fiscalidad -como en la Estimación Objetiva por módulos hasta los 300.000 euros-, frenar la expansión de los fondos de inversión en la compra de tierras, apoyo a la incorporación de los jóvenes, doble tarifa eléctrica en los riegos o acciones contra la fauna salvaje. La pelota está en el tejado -a la sombra, resbaladizo y escurridizo- de Planas, el ministro de la sequía, siempre proclive a no mojarse.
Al margen de estas medidas económicas, responsable de Agricultura le tocaría ahora definir sobre qué siglas son representativas en las mesas de negociación a falta de unas elecciones a nivel estatal que no se celebran desde 1978, cuando la representatividad se distribuyó en un 40% para ASAJA, otro 40% para COAG y un 20% para UPA. Frente a esa vieja distribución, ASAJA se mantiene estable tras sufrir, años ha, algunos conatos de escisión por la derecha; UPA ha tenido un crecimiento importante; y COAG sufrió la escisión en 2008 de siglas fuertes como Unió de Pagesos, Unió Valenciana o UCCL, hoy ejes de Unión de Uniones, que reclama insistentemente el derecho de que se clarifique en las urnas la representatividad en el campo. La presencia de esta cuarta sigla en la misma mesa ha sido rechazada sistemáticamente, más que por el Ministerio, por las otras tres organizaciones agrarias que, si Unión de Uniones fuera convocada, no acudirían a la mesa en apoyo a COAG. Planas, en ese escenario de divisiones, no se reunirá con Unión de Uniones en Atocha, pero el secretario general si lo hizo con Unió de Pagesos en Cataluña, que es la pieza clave de la organización.