El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil arrestó o investigó durante el pasado año a 61 personas, lo que supone un decrecimiento del 47,41% con respecto al año anterior, cuando se llegó a detener o investigar a 116 personas.
Esta disminución se debe según el teniente José Ángel Rozalén, jefe del Seprona de Albacete, simplemente a que en 2021 hubo más delitos. «En 2021 se produjeron más detenciones e investigaciones, motivado en parte porque se produjeron nueve delitos más que en 2022 (91 en 2021 y 82 en 2022), y porque en alguno de ellos el resultado fue de un elevado número de personas detenidas o investigadas».
Sin embargo, el jefe del Seprona añade que además «en 2022 disminuyó el esclarecimiento de los delitos con respecto al 2021», ya que en 2021 los agentes esclarecieron el 80% de los delitos y el año pasado ese porcentaje cayó al 65,5%.
En lo que se refiere a las causas de las detenciones, Rozalén manifiesta que los delitos más habituales son los relacionados con incendios forestales, edificaciones ilegales, el maltrato animal y la caza furtiva. En este sentido, apunta que «en 2022 aumentaron los delitos relacionados con incendios forestales, debido a un repunte en las causas intencionadas, y disminuyeron los relacionados con la ordenación del territorio, debido a que en 2021 se explotó una operación en la que se esclarecieron numerosos delitos urbanísticos».
Los delitos por edificaciones ilegales o sin licencia son habituales en la provincia de hecho en 2022 se contabilizaron 16 delitos relacionados con la ordenación del territorio y el urbanismo, mientras que en 2021 fueron 21. El jefe del Seprona señala que el número de estos delitos no varía significativamente por años y que además pueden darse en cualquier punto de la provincia, si bien es más preocupante cuando se da en algún espacio protegido (terrenos rústicos no urbanizables de especial protección). Sin embargo, si que comenta que, «aunque no ha habido una variación significativa, si se da un aumento en épocas de bonanza económica, por ejemplo, con la construcción de casas de campo no vinculadas a explotaciones agrícolas».
Sobre los incendios señala que «es preocupante el gran número de incendios forestales provocados por negligencia en la quema de restos agrícolas», algo que se produce porque no se respetan los condicionantes existentes para la realización de esta actividad.
En cualquier caso, Rozalén señala que uno de los delitos que más les preocupan en los últimos tiempos es la caza furtiva con galgos. «La caza furtiva con galgos supone una problemática en la provincia, ya que incluso desde provincias limítrofes se trasladan personas con sus perros para realizar esta actividad, provocando graves perjuicios tanto a las explotaciones agrícolas, ya que recorren las parcelas de cultivo con vehículos todoterreno campo a través, como a los titulares de los cotos».
Sin embargo, los casos de caza ilegal han decrecido en 2022, año en el que se detectaron tres casos, frente a los 11 del año anterior, algo que se debe, en parte, a «un repunte en la caza furtiva de machos montés en 2021».
En 2021 se esclarecieron 10 de los 11 delitos ocurridos, dando como resultado la detención o investigación de 20 personas, y en 2022 se esclarecieron dos de los tres delitos registrados, con lo que se pudo detener o investigar a seis personas.
En lo que se refiere a 2023, en lo que va de año ha habido dos delitos de caza furtiva con galgos, siendo ambos esclarecidos, dando como resultado la detención o investigación de seis personas.
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