Un juzgado de Gavá decretó ayer la apertura de juicio oral contra el jugador del Barcelona Leo Messi y su padre por tres presuntos delitos contra la Hacienda Pública al haber cometido un supuesto fraude con la gestión de los derechos de imagen del futbolista entre 2007 y  2009 por valor de unos 4,1 millones de euros.

 En el auto, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3, Manuel Alcover, así lo decidió, pese a que la Fiscalía solicitó exculpar al delantero al considerar que era su progenitor, Jorge Messi, el que se encargaba de estas gestiones y que el futbolista confiaba «plena y ciegamente» en él.

Sin embargo, el magistrado ha tenido en cuenta que la Abogacía del Estado sí pidió llevar a juicio a ambos y recuerda que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debe acordarse al reclamarlo una de las acusaciones porque cree que «existen indicios de criminalidad».

Además, también ve sospechas que permiten afirmar tanto que los hechos objetivos del procedimiento son constitutivos de varios delitos; concretamente tres de fraude fiscal en los ejercicios del IRPF de 2007, 2008 y 2009.

En su escrito de acusación, la Abogacía del Estado pide un total de 22 meses de cárcel para el jugador, igual que para su padre, al considerar que el argentino es «coautor», y también una multa de 4,1 millones de euros.

La Fiscalía, en cambio, reclamó archivar la causa contra Messi y solicitó para su padre año y medio de cárcel, al estimar que era quien tutelaba los intereses económicos del hijo y llevaba «el control de las obligaciones tributarias» y que él no recibía explicaciones de lo que se hacía.

Firmar sin mirar. La estrella precisó en su declaración como imputado que no llevaba la gestión de los derechos de imagen: «Firmo lo que me dice mi padre... ni miro ni pregunto... yo no miro, lo hago con los ojos cerrados», justificó entonces el futbolista.

Dos inspectores de la Agencia Tributaria ratificaron también en el juzgado su informe elaborado tras dos años de trabajo y concluyeron que el atacante «no se habría enterado de nada al respecto», lo que la fiscal del caso, Raquel Amado, entiende como una opinión de expertos cualificada.

La trama urdida consistió, presuntamente, en crear sociedades en paraísos fiscales y jurisdicciones de conveniencia y simular cederle los derechos para burlar el pago del IRPF en España, abonando solo una mínima y residual tributación en el Reino Unido y Suiza.

Según la Fiscalía, las sociedades formaban parte de una trama «articulada para que los ingresos derivados de los contratos transitasen de manera opaca y sin tributación en origen hacia sociedades radicadas en paraísos fiscales».