Fue en 2021 cuando por primera vez la mitad de los acuerdos de custodia por mutuo acuerdo firmados por parejas albacetenses a través del Centro de Mediación Familiar, que gestiona la Asociación para la Mediación y la Intervención Familiar de Castilla-La Mancha (Amifam) en Albacete, para formalizar por vía amistosa el proceso de separación fue por custodia compartida, ya que de los 97 convenios suscritos, 46 fueron de guardia compartida de los hijos entre los progenitores, frente a 45 que se acordó la guardia monoparental de uno de los miembros de la pareja.

La memoria de 2022 muestra un ligero incremento en el número de convenios firmados en este recurso el pasado año, con 121, respecto a los suscritos por las parejas un año antes, siendo el aumento de un 24,7%.

Además, se mantiene la tendencia del año anterior, y en lo que va de 2023 sigue la misma tónica, ya que incluso ha aumentado dos puntos que la guardia y custodia de los hijos sea compartida en lugar de que recaiga en uno de los progenitores, mayoritariamente en la madre. Así, si en 2021 los porcentajes estaban muy igualados, el 46% de las custodias fueron compartidas y el 44% en exclusiva, el pasado año la compartida representó el 48%, mientras que la exclusiva en uno de los miembros de la pareja fue 52%.

Durante el ejercicio pasado las familias atendidas en el Centro de Mediación Familiar a través de ambos programas fueron 382, frente a 393 de 2021, con un total de 1.103 usuarios (1.105 en 2021).

Para la Mediación en Ruptura, las unidades familiares que acudieron a este recurso en 2022 fueron 198, 10 más que el año anterior; con 390 beneficiarios directos; de ellas 163 se incorporaron al proceso de mediación durante el 2022, mientras que el resto eran expedientes abiertos del año anterior.

De hecho, en los últimos siete meses, en concreto, desde octubre del pasado año, la solicitud de demanda de intervención profesional de mediación postruptura se incrementó mucho, tal y como señaló el jefe de Sección de Prevención y Apoyo a las Familias de la Delegación Provincial, Javier Gómez. «A pesar de que el abogado que se ocupa de este programa es muy diligente, las peticiones de mediación de parejas que se han separado  y divorciado no para de crecer, con lo cual se han tenido que espaciar las consultas y se ha generado una pequeña lista de espera que este programa no tenía antes», agregó Gómez, a pesar de que explicó la temporalidad en la resolución de estos procesos oscila entre los cero y los seis meses.

Una lista de espera integrada por 15 ó 20 parejas en ruptura, que, en muchos casos necesitan un apoyo profesional para la resolución de sus conflictos familiares que la separación ha originado. 

Asimismo, a través del programa de Orientación e Intervención Familiar, las familias beneficiarias durante el año pasado fueron 184, frente a 205 del año anterior, 145 de ellas se incorporaron a lo largo del 2022 (con 534 beneficiarios directos), siendo los beneficiarios directos 713 (362 adultos y 351 menores).

Aunque depende de la problemática de cada caso concreto que llega al centro, pero por regla general los expedientes quedan resueltos en un período menor a los seis meses, aunque en el programa de Orientación e Intervención Familiar hay procesos que se complica y se extienden hasta incluso el año, tal y como detalló la jefa del Servicio de Familia y Menores, Silvia de Moya Cano, que afirmó que en torno al 70% de las parejas que acuden a este recurso lo hacen a petición propia, a una media mensual de 40-50 parejas que acceder a este recurso especializado dependiente de la Junta, que cuenta con tres expertos: dos psicólogas y un abogado.

De Moya Cano reconoció que en 2022 más del 80% de los expedientes tramitados al año terminan con acuerdo entre las parejas con las que se intervino.

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