España ya es el principal país productor de cannabis de toda Europa y buena parte del auge de este cultivo ilegal se debe al incremento del número de explotaciones ilegales en las provincias del interior.

La tendencia se empezó a detectar en 2022, tanto por parte del Ministerio Público como por parte de las diferentes Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado. Todavía no son cifras enormes, pero crecen de manera constante y firme.

En la provincia de Albacete, durante el año pasado, la Guardia Civil sólo dio cuenta del desmantelamiento de dos explotaciones de cierta entidad. La primera de ellas estaba en Villamalea, y en la misma se cultivaban unas 380 plantas.

Se trataba de una explotación al aire libre, en un terreno de 3.600 metros cuadrados, situados dentro de la Reserva Natural de las Hoces del Cabriel. La segunda era una explotación 'indoor', en el interior de una vivienda de Tobarra.

En este caso, la Benemérita consiguió desmantelar una plantación situada en la pedanía de Los Mardos en la que había 293 plantas de cannabis sativa. A todo ello hay que sumar el caso de un vecino de Almansa, sorprendido con 13 plantas en su domicilio.

En total, el Instituto Armado detuvo a tres personas, investigó a una cuarta e incautó 686 plantas que sumaron un peso de 746 kilos. En total, se estima que con todo lo incautado se podrían haber elaborado más de 200.000 dosis.

Números rebasados. Pero estos datos son de 2022. De hecho, ya están superados por la realidad del momento presente, porque entre enero y noviembre de este mismo año, estas cifras se han alcanzado y superado en Albacete.

Hasta el momento presente, la Guardia Civil de Albacete dio cuenta de siete operaciones contra el cultivo de cannabis. La primera tuvo lugar en Isso (Hellín) el 23 de febrero, y la última de momento fue en Tarazona, el 22 de septiembre.

El balance provisional de estas actuaciones es de 12 detenidos y 3.809 plantas incautadas, casi seis veces más que todas las que se intervinieron durante todo el año anterior, siempre de acuerdo con las cifras y datos aportados por el Instituto Armado.

De acuerdo con la misma fuentes, con todas las plantas incautadas -de momento, puesto que el año aún no ha terminado- que se habrían podido elaborar unas 259.300 dosis que, gracias a la intervención de las Fuerzas del Orden, ya no llegarán  al mercado ilícito.

Daño colateral. Mientras la Guardia Civil hace su encomiable labor, desde el Ministerio Público no cesan de llegar advertencias sobre el cariz que empieza a tomar el fenómeno, que en gran medida se ve como daño colateral más de la despoblación.

El primer 'toque' de atención llegó en abril, cuando el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, advertía «de la realidad alarmante que supone que España se haya convertido en el primer productor de cannabis en la UE» en su informe anual.

Poco después, la fiscal especial Antidroga, Rosa Ana Morán, constataba que «cada vez más provincias de interior «son utilizadas por las organizaciones para la producción de esta sustancia, tanto en extensiones en el exterior como en cultivos indoor».

En septiembre, el fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández, consideró «preocupante» el cultivo de cannabis, «tanto por grupos criminales especializados, como por pequeños cultivadores de muchas de nuestras zonas rurales» en su balance de 2022.

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