Piden a la Junta que obligue a Grupo Centenari al pago nóminas

Redacción
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La coordinadora local de IU en Albacete, Nieves Navarro, recordó que este Grupo gestiona las residencias de mayores Núñez de Balboa y Paseo de la Cuba, y emplea a unas 200 personas, la mayoría mujeres

Movilización de las trabajadoras del Grupo Centenari. - Foto: José Miguel Esparcia

Nieves Navarro, coordinadora local de Izquierda Unida Albacete exige al Gobierno regional de García-Page que traslade su apoyo a los trabajadores del Grupo Centenari en Albacete capital obligue a esta empresa a cumplir sus compromisos, y a ponerse al día en el pago de las nóminas.

Grupo Centenari gestiona las residencias de mayores Núñez de Balboa y Paseo de la Cuba, en las que el Gobierno de García-Page convenia decenas de plazas de residentes, y emplea a unas 200 personas, la mayoría mujeres, a las que adeuda unos 1.000 euros por trabajadora en atrasos.

Las trabajadoras, que salieron a la calle para protestar por el retraso en los pagos de las nóminas este pasado diciembre, volverán a manifestarse el jueves, día 5, frente a la sede de la empresa, en la Plaza Gabriel Lodares de la capital albaceteña.

"La posición de IU Albacete es clara, queremos que la gestión de estas residencias vuelva a ser pública cuando acaba la concesión, el próximo noviembre", ha dicho Navarro.

Centenari ha llevado al límite las condiciones de sus trabajadores hasta tal punto que, en estos momentos, registra una fuga de personal, según fuentes internas.

La dirigente de IU Albacete ha criticado con dureza que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha "fomente" el negocio de las residencias de mayores en nuestra región.

García-Page permite la "especulación" de unas empresas que, como Grupo Centenari, buscan obtener el máximo beneficio a costa de empeorar el trato que reciben los mayores y rebajar las condiciones laborales de las y los trabajadores.

"El cuidado de nuestros mayores debe ser el centro de una sociedad que se llama democrática, y no puede depender del beneficio de una empresa", sostiene Nieves Navarro.

La atención a familias, mayores y personas con discapacidad deben ser un servicio público de gestión directa, con trabajadoras y trabajadores públicos.