La Lomloe, también conocida como «Ley Celaá» por la ministra que perpetró su trámite parlamentario, podría pasar a mejor vida. El PP amenaza con su derogación si gana las elecciones de julio, junto con otras leyes que en la práctica se han revelado tan chapuceras como la proverbial escopeta de feria (léase la ley del Solo sí es sí o la de Bienestar animal). Con esto quedaría cumplida la máxima de que cada relevo en el Gobierno, junto con otras calamidades, trae consigo su propia Ley Orgánica de Educación, lo que ya se ha convertido en una tradición perversa de nuestra historia democrática. En los primeros días de este curso que ahora acaba, los profesores nos angustiábamos con los aspectos prácticos de la implantación de la ley, en especial con las programaciones. Nadie sabía muy bien lo que era una «situación de aprendizaje» o un «saber básico», ni se aclaraba con las «competencias clave» ni con los «descriptores del perfil de salida». Sobre todo, nadie, absolutamente nadie, sabía cómo lidiar con los «criterios de evaluación», una lista de enunciados tan difusos que igual se podían aplicar a la calificación de un alumno que a la elaboración de un cocido lebaniego. O a la confección de una carta astral, que fue la impresión que tuve cuando un par de compañeros bienintencionados trataron de explicarnos aquel galimatías al resto del claustro. Ahora, después de muchas horas perdidas tratando de compatibilizar tanto invento y tontuna con el difícil trabajo de lidiar con niños y adolescentes (y muchas veces también con sus empoderadísimos progenitores), nos dicen que igual hacen borrón y cuenta nueva. Y la sensación que nos queda a los docentes es la de que nos han vuelto a tomar por el pito del sereno. En mi próxima reencarnación, tengo que acordarme de no volver a ser profesor, sino pedagogo. O, aún mejor, político.