La apicultura, desde la perspectiva de los simples datos macroeconómicos directos, no es una actividad eje en las cuentas de la ganadería al suponer solamente el 0,50% del valor de la Producción Final Ganadera y menos del 0,20% de la Producción Final Agraria; en total, el sector genera unos 70 millones de euros. Sin embargo, su importancia va mucho más allá si se tiene en cuenta que las colmenas juegan un papel fundamental en la conservación del medio ambiente, en el mantenimiento de la diversidad y, muy especialmente, debido al protagonismo de las abejas en la polinización de los cultivos en cultivos claves.

En este momento existen más de 36.000 explotaciones, de las que unas 6.000 pertenecen a auténticos profesionales que se dedican en exclusiva a ello o al menos obtienen de la miel la mayor parte de sus ingresos. Están distribuidas por todo el territorio nacional: un 17% se ubican en Castilla y León, un 7% en Castilla-La Mancha y el resto se lo reparten especialmente Andalucía, Extremadura y la Comunidad Valenciana. El sector cuenta con algo más de tres millones de colmenas que muestran una dispersión similar: Castilla-La Mancha se queda con el 7% y Castilla y León con el 14% del total.

Con estos mimbres, España es el primer país productor de la Unión Europea. Lógicamente, la oferta sufre fuertes oscilaciones en función del comportamiento del clima, pero la producción media es superior a las 33.000 toneladas, de las que un 60% se concentran en Extremadura, Andalucía y la Comunidad Valenciana.

El sector apícola español es una actividad, en la mayor parte de los casos, prácticamente artesanal, con un producto de una gran calidad que posibilita unas elevadas exportaciones, especialmente al resto de los países comunitarios. Durante el pasado año (hasta el mes de octubre) salieron de España casi 24.000 toneladas, fundamentalmente a Francia, Alemania e Italia, pero también con destino a otros países como Arabia Saudí o Estados Unidos; todo esto con un precio medio de casi cuatro euros cada kilo.

Con una demanda interior de unas 37.000 toneladas entre consumo doméstico e industrial, España ha sido tradicionalmente el destino de miles de toneladas de importación; hasta el pasado mes de octubre la cifra de entrada de miel en nuestro país se elevaba ya a 33.000 toneladas. En el pasado, gran parte de lo que se traía procedía de Sudamérica. Pero perdieron la batalla países como Argentina o Paraguay por la desaparición de una gran parte de las abejas debida al uso incontrolado de productos fitosanitarios en los cultivos. Hoy ha variado totalmente ese panorama y, del total de las importaciones, oficialmente más de 7.000 toneladas proceden de China.

El problema para el sector es que no se sabe exactamente cuáles son la entradas reales que proceden de ese país. Porque lo cierto es que nos llega mucho producto de Portugal (6.500 toneladas), países del este de Europa o Italia que, en buena parte, son también mieles chinas a unos precios medios de 2,40 euros por kilo (que se reducen a 1,87 euros en el caso de la que llega directamente de China). Estos precios contrastan con unos costes de producción para el apicultor español que rondaban los 3,20 euros por kilo antes del encarecimiento registrado en el último año y medio. La mayor parte de esa miel se exporta a unos precios de alrededor de cuatro euros.

Desde la perspectiva de los apicultores, el problema de las mieles chinas es su volumen y precio y lo que ello significa para la producción interior. Los industriales, en muchos casos por su precio, emplean esa materia prima, con lo que ello supone para la reducción de ventas de la miel nacional, dando lugar a elevados excedentes en manos de los apicultores individuales o de sus cooperativas. Desde la perspectiva de los consumidores, el problema es más importante ante el riesgo de estar adquiriendo y metiéndose para el cuerpo unos sucedáneos de miel elaborados con azúcares de maíz o arroz, además obtenidos en unas explotaciones donde se mantiene el uso de unos fito o zoosanitarios hoy prohibidos en el ámbito comunitario.

Con la mirada puesta en los consumidores, es especialmente grave la actual normativa de la UE sobre el etiquetado en las mieles, fundamentalmente en la comercialización de un producto de mezcla. La reglamentación de Bruselas contempla que en los etiquetados se informe sobre el origen de las mieles que vienen en el envase. Sin embargo, hoy no se obliga a que se informe sobre el porcentaje de miel que procede de cada país. Ello supone que en una miel de mezcla, un 99% puede ser de un producto chino y solamente el 1% de miel nacional, lo que supone un atropello para los productores españoles poniendo en peligro su viabilidad empresarial y dejando a los consumidores sin posibilidad de saber qué miel están comprando.

Con este panorama por delante, desde el sector se reclama, como medida coyuntural, apoyos directos para evitar el cierre de explotaciones y lo que ello conllevaría para el medio rural desde la perspectiva de la actividad, así como por sus efectos sobre el medio ambiente y los cultivos. En esa dirección se aboga por ser beneficiarios de las ayudas para el consumo de combustible, sobre todo teniendo en cuenta que un 80% de las colmenas son de trashumancia y los apicultores se ven obligados a recorrer diferentes territorios durante la campaña para utilizar mejor las flores.

Al margen de una salida coyuntural, el principal problema se centra en la clarificación de la normativa sobre el etiquetado para evitar daños a los apicultores y fraude para los consumidores, de manera que se pueda lograr un aumento en la demanda de miel de origen nacional. En esa línea se reclaman campañas de promoción para aumentar el consumo del producto obtenido en España, que actualmente se estima en unos 800 gramos por persona y año, pero del que el grueso corresponde al uso en la industria agroalimentaria. Si se consigue que los hogares coman más miel española aumentarían las ventas y, a la postre, se produciría una mejor remuneración de la actividad.

Los apicultores consideran que la Administración debe actualizar el comportamiento de la Ley de la Cadena para dar luz a los procesos donde se quedan los márgenes del precio de venta final del producto. Desde el sector se estima que, por parte de las Administraciones, como también por parte de la sociedad en general, no se da la importancia que tiene a la actividad apícola para el medio rural y para la polinización de los cultivos, con el consiguiente impacto en la actividad agrícola.