El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Wenceslao Olea ha recurrido el nombramiento de Rafael Mozo como presidente interino del CGPJ pidiendo la suspensión del mismo, un asunto que estudia ya el Tribunal Supremo (TS). Esta impugnación supone judicializar la situación de bicefalia a la que abocó dicha designación, ya que el magistrado Francisco Marín Castán ejerce las funciones de la Presidencia del TS desde la dimisión de Carlos Lesmes, que ocupaba ambos cargos.

Según las fuentes consultadas por Europa Press, el secretario del CGPJ, José Luis de Benito, ha formulado otro recurso que vendría a reforzar la iniciativa de Olea, ya que no está claro que un vocal pueda impugnar un acuerdo de su propio Pleno. Sin embargo, en el alto tribunal aún no hay constancia de este segundo escrito.

Las citadas fuentes indican a esta agencia de noticias que el recurso de Olea ya se encuentra en el TS y está en estudio sin que aún haya decisión alguna. El primer paso será abrir una pieza separada para pronunciarse sobre esas medidas cautelarísimas de suspensión, que se deben resolver en las próximas 48 horas.

El asunto ha recaído sobre la Sección Sexta, una sección especial dentro de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS por ser la llamada a resolver los recursos contra las decisiones del Pleno y la Comisión Permanente del CGPJ, y que está integrada por los presidentes de las otras cinco secciones y el de la propia Sala Tercera.

En esta ocasión estará conformada por los magistrados Eduardo Espín, Octavio Juan Herrero, José Antonio Montero, Celsa Pico y José María Bandrés. Estos dos últimos entran en sustitución de Pablo Lucas y César Tolosa, que han tenido que abstenerse porque formaron parte de la Sala de Gobierno que respaldó el informe del Gabinete Técnico del TS que apuntaba a Marín Castán como la persona que debía reemplazar a Lesmes en ambos cargos.

El conflicto sucesorio se desató el pasado 9 de octubre, cuando Lesmes anunció su dimisión como presidente del CGPJ y TS --cargos que ejerce la misma persona-- ante la falta de avances tangibles en las negociaciones entre PSOE y PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces, tal y como había advertido durante la apertura del año judicial, el 7 de septiembre.

Lesmes intentó dejar atada su sucesión encargando al Gabinete Técnico del TS dicho informe, conforme al cual Marín Castán le reemplazaría automáticamente una vez consumada su renuncia porque es quien ejerce la Vicepresidencia del Supremo.

Sin embargo, el Pleno del CGPJ acordó el pasado jueves entronizar a Mozo, su vocal de mayor edad, como "presidente suplente" del CGPJ, lo que 'de facto' supone dividir la jefatura del Poder Judicial.

El Pleno esgrimió que Marín Castán carece de legitimidad para asumir ambas presidencias porque ocupa la Vicepresidencia del Supremo de forma interina desde 2019. Por las mismas razones, los vocales concedieron que Mozo tampoco podrá actuar como máxima autoridad del TS.

El voto particular de Olea   

El acuerdo del Pleno salió adelante con 16 de los 18 votos en juego. Solamente contó con el rechazo expreso de Olea, que emitió un voto particular, mientras que la vocal Mar Cabrejas se ausentó específicamente de esta votación por no estar de acuerdo con la entronización de Mozo.

En su voto particular, Olea ya avanzaba que, a su juicio, desdoblar las presidencias del CGPJ y del TS es ilegal porque la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) imponen que quien ejerza la del Supremo desempeñe también la del Consejo.

"Se está vulnerando nada más y nada menos que la Constitución", avisó Olea, que además de vocal del actual CGPJ es magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

Asimismo, puso de manifiesto que Mozo "no reúne ninguna" de las condiciones legales para erigirse como presidente, esto es, ser miembro de la carrera judicial con la categoría de magistrado del TS y reunir los requisitos exigidos para ser presidente de Sala del mismo, o ser un jurista de reconocida competencia con más de 25 años de antigüedad en el ejercicio de su profesión.

Olea advirtió además de que con el nombramiento de Mozo se ponía en juego la "legalidad" de los acuerdos que adoptara a partir de ahora el Consejo, anticipando así una judicialización del conflicto que finalmente ha materializado él este mismo lunes.

También quiso subrayar la "desastrosa situación jurídica" que se ha provocado y, en particular, la "indeseable, confusa y torticera situación" que atraviesa el CGPJ a causa de "un legislador irreflexivo que ha actuado con intereses espurios e inminentes de partidos", aludiendo de esta forma a la reforma impulsada por el Gobierno que prohíbe al órgano de gobierno de los jueces hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial.