El quinto 'pacto de salarios' de la historia contemporánea de España ya es un hecho. Está ratificado por sindicatos (hoy lo hará CCOO, que es la central que falta), autónomos y patronal y constituye un nuevo hito en la búsqueda de una necesaria paz social que es marca España de la productiva cuando se trata de atraer y sugestionar inversiones. En un contexto de inflación desbocada como el actual, la derivada más importante del acuerdo es la económica, pero se trata de un documento poliédrico que tiene muchas lecturas y que da fe en su propia complejidad del calado del acuerdo alcanzado entre los agentes sociales. El primer triunfo es haberlo pactado sin intoxicaciones gubernamentales, más en un tiempo en el que la política, o una parte de la política, se ha entregado sin duelo a la crítica abierta a la empresa por el fascinante hecho de que persiga una rentabilidad inherente a su propia existencia.

El Acuerdo Interconfederal para el Empleo y la Negociación Colectiva, que así se llama la criatura, estipula que las subidas salariales en la negociación de convenios deberán estar en el 4% para este año y en el 3% para los dos siguientes, revisión a la que podría añadirse un punto porcentual más sin los precios no se contienen. Es un documento base que puede servir como carta de navegación, pero los firmantes concretan que deberán ser tenidos en cuenta el contexto del sector en el que opera una empresa y la situación de la mercantil. No son las tablas de la ley, son una guía que, como se ha venido demostrando, suele ser bastante eficaz sin resultar imperativa. Lo que sin duda proyecta es la voluntad de la patronal de subir salarios, rompiendo así clichés y discursos de saldo que pretenden resucitar la política de clases y llevar el barro que emane de ella a las calles y centros de producción del país. También manifiesta que los sindicatos se aferran a la vía del acuerdo y abandonan la dialéctica belicosa que tanto se ha estilado en los últimos meses sin aportar demasiado.

Habrá, no obstante, zonas de fricción. Sobre todo en la negociación de los convenios más próximos al salario mínimo interprofesional, al que las subidas de los últimos años no han metido en una zona que, con el crecimiento imparable del coste de la vida, excluya de la pobreza a los trabajadores afectados. Pero el pacto va más allá y entra a buscar posturas comunes sobre el teletrabajo o a poner el acento en el incremento desbocado de las bajas laborales, abonadas por una legislación que impide a las empresas saber incluso la causa. Si todas las partes persiguen un mercado del empleo más robusto y justo para los trabajadores españoles, es importante que todas las partes asuman todos los problemas como propios.