El Tribunal Supremo ha admitido a trámite los cuatro recursos interpuestos contra el Plan del Tajo. Son los recursos presentados por el Ejecutivo murciano, la Junta de Andalucía, la Diputación de Alicante y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) que argumentan que los nuevos caudales ecológicos implican recortar los trasvases. Los recursos los han presentado contra el decreto 35/2023, que modifica una docena de planes hidrológicos, entre ellos, el del Tajo. Además incluyen la petición de medidas cautelares para impedir que se aumenten los caudales ecológicos del Tajo hasta que no haya una sentencia al respecto. 

Fuentes de la comunidad autónoma de Murcia han confirmado hoy a la agencia Europa Press la admisión a trámite de la petición de medidas cautelares.  También lo ha reiterado el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez. Eso sí, matizó que estos trámites «no significan nada» salvo que los recursos que se han presentado y que han sido trabajados en conjunto «están bien fundamentados».

 Por otro lado, la Sala ha acordado abrir una pieza separada para la tramitación de las medidas cautelares solicitadas por los recurrentes para la suspensión cautelar del Decreto. Así, concede al Abogado del Estado el plazo de diez días a fin de que «alegue lo que a su derecho convenga».

Los magistrados del alto tribunal tendrán que dirimir si aceptan o no la adopción de las medidas cautelares solicitadas por recurrentes en su recurso mientras se resuelve la pieza principal.

En concreto, el Plan aprobado por el Consejo de Ministros fija que el caudal ecológico a su paso por Aranjuez suba a de 6 a 7 metros cúbicos por segundo en 2023, que pase a ser de 8 en 2026 y 8,65 en el año 2027. 

El Gobierno murciano ha adjuntado un estudio que esgrime que cada metro cúbico que se amplíe el caudal que debe llevar el río Tajo a su paso por Aranjuez, se perderían en la Región de Murcia casi 5.500 empleos y 334 millones de euros anuales, y casi 9.800 empleos y 524 millones al año en las tres provincias afectadas por estas medidas (Murcia, Almería y Alicante). Se trata de un informe coordinado por el Instituto Euromediterráneo del Agua.

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, quien alertó este semana que, de no producirse la suspensión cautelar del «recorte» del trasvase Tajo-Segura que ha solicitado su Ejecutivo, habría «un perjuicio irreparable para toda la Región de Murcia, y especialmente en la planificación de las siembras y cosechas de los próximos meses».

El caso es que la aprobación de caudales ecológicos para el Tajo es una exigencia que estableció el mismo Tribunal Supremo al que ha llegado este recurso. Así lo dictó en varias sentencias.