La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra estos días el juicio contra 13 personas que se enfrentan a penas de entre ocho y 11 años de cárcel, como responsables de 12 delitos de trata de seres humanos, cometidos «mediante el empleo de engaño y abuso de una situación de necesidad de la víctima, desplegada con la intención de su explotación laboral, con la imposición de prácticas similares a la servidumbre por deudas», según señala la Fiscalía.
El abogado Marcos García-Montes, representante legal del principal imputado en esta causa, D.T., explicaba a La Tribuna de Albacete que han planteado dos cuestiones a la Sala. «Una es que el cese de la empresa lo hace el juez de La Roda a petición de la Guardia Civil, no a petición del fiscal ni de las partes, como dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal. No se pueden suspender actividades a una empresa si no lo pide una de las partes y que yo sepa, en el procedimiento penal la Guardia Civil no es parte, salvo que se persone como acusación particular, pero no es el caso. Además no se dio traslado de la petición, a ninguna de las partes».
La segunda cuestión está relacionada con los registros que se llevaron a cabo. «Lo que me parece más grave todavía es que en las Actas de los cuatro registros que hay, tres con abogado y uno sin abogado se ha puesto a mano: Letrado de la Administración de Justicia, con distinta letra de la que contiene el Acta y eso es muy grave. El abogado que estuvo presente allí, que defiende a la nuera de mi cliente dice que eso no estaba, porque si hubiera sido así no habría firmado».
Por todo ello, García-Montes pide la nulidad. «Queremos que se declaren nulas las entradas y registros y la nulidad del juicio porque empieza con esto». Una petición de nulidad a la que se han adherido el resto de letrados defensores y sobre la que el Tribunal decidirá una vez finalizado el juicio.
Además señalaba que todos los acusados negaban que hubiera habido «ninguna complicación y que estaban todos (los trabajadores) dados de alta en la Seguridad Social».
García-Montes también señalaba que «la Guardia Civil hace unas diligencias que no están previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que llama entrevistas, que en mi pueblo es una declaración testifical y en esas supuestas entrevistas todos dicen que les han dado piso, que llevan viviendo en España ocho, 10 ó 15 años y que no tienen ningún problema, que a nadie le trajeron de fuera y que todos tenían vivienda gratis y ninguna complicación».
Por todo ello, el letrado manifestó que además de la nulidad pedirá la absolución de su cliente.
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