Lo que está sucediendo, en la ahora famosa plaza de Bonanova, es algo doblemente lamentable. Primero, y principal, porque el Ayuntamiento de Barcelona no parece tener mucho interés en perseguir la ocupación ilegal de viviendas en su jurisprudencia, dando lugar a que, en muchas zonas de la bella ciudad condal, se concentren grupo de okupas de los que, parece, que Colau necesita de su apoyo en las urnas. Sino no se entiende que desde la Alcaldía barcelonesa no se actúe de forma firme y contundente contra un fenómeno tan punible como insoportable. Haber convertido la segunda ciudad de España en población en un lugar en el que, en muchos casos bandas de antisistema como los del barrio de Sarriá, se fomenta el colarse en espacios privados para convertirlos en focos delictivos es algo que a BComú le debería pasar factura este próximo 28 de mayo. Pero aquí los que verdaderamente sufren este conflicto son los vecinos. Esos mismos que se han levantado, de forma popular, contra una situación que ha provocado un enfrentamiento abierto en sus calles. Y segundo porque siempre que se produce algún tipo de revuelta aparece la ultraderecha para pescar en río revuelto. En este caso no se trata sólo de que los voxeros estén utilizando este problema para hacer campaña en contra de Colau, es que se está alentando y convirtiendo en héroe a un macarra peleón, y a todas luces despreciable, que dirige una empresa de desokupación. Produce estupor verlo desfilar, escoltado por su escuadrón de cabezas rapadas, por las inmediaciones de la plaza de Bonanova entre vítores y aplausos, mientras promete a gritos que, si le dejan, y a hostia limpia, en media hora dejan aquello limpio y tranquilo. Pero llegados a este punto, si el Estado no los protege como debiese, ¿qué les queda a aquellos a los que se les cuelan en sus propiedades privadas contando con el inexplicable amparo de una Ley mal hecha, ya que perjudica al bueno? Y paralelamente a esto, si no se asegura el derecho constitucional de disfrutar de un simple techo bajo el que poder vivir, ¿qué pueden hacer miles de familias que en España no pueden acceder legalmente a ello con el único interés de procurar un cobijo a los suyos? Todo malo, o peor.