Finalmente, parece que Casado y Sánchez se han decidido a consensuar la renovación de las instituciones dimanantes de la Constitución, que conforman el cuerpo del Estado. Todas menos el Consejo General del Poder Judicial, que supone la principal desavenencia entre el Gobierno y la oposición. Ahí se ha encallado el entendimiento, quedando engatillado el tan cacareado consenso. Deben ser los propios jueces quienes decidan quienes han de formar parte de tan sustancial órgano del Estado, porque no existen otras fórmulas que garanticen una Justicia independiente de toda influencia política. Será cosa de esperar a que el poder Ejecutivo se decida a dejar de poner palos en las ruedas de tan importante organismo.
Sin una Justicia independiente, sujeta solamente a los mandatos constitucionales, viviremos en una democracia ficticia, donde el poder político podrá hacer mangas y capirotes ante la impotencia de la ciudadanía. Por eso, echar las campanas al vuelo saludando el tan cacareado consenso, no pasa de ser un parche Sor Virginia. Hace falta una operación quirúrgica que impida cualquier tipo de contaminación en el cuerpo jurídico del Estado. Todo lo demás serán pamplinas y armas al hombro. Y no cabe ignorar que una democracia sin un Consejo General del Poder Judicial, independiente y ajustado a las normas que consagran la Constitución votada por casi el 90 por ciento los españoles, sería una pamema que nos convertiría en una democracia de segundo orden.
Ya sabemos que debe costar mucho esfuerzo acostumbrase a gobernar en una democracia plena, cuando se ha vivido tanto tiempo practicando el «ordeno y mando». Pero ya es hora de dejar a un lado el pasteleo y las sumas contra natura, para sentarse en los sillones del poder.