La prensa es un contrapoder legítimo en democracia. El límite del ejercicio de la libertad de prensa está en el Código Penal -siempre ha sido así en el mundo libre y un gran ejemplo lo hemos vivido en Estados Unidos (ciertamente ha sido una anomalía el interrumpir la alocución degenerada de un golpista)-. Los padres fundadores enumeraron, de manera clara y comprensible, los tres principios de la democracia norteamericana: libertad de comercio, de culto y de prensa. Estas libertades atacan a la médula de los sistemas totalitarios. Los sistemas totalitarios dicen: el crédito ha de fluir de la banca pública por cuanto la banca privada es radicalmente injusta para con el ciudadano medio; el sistema educativo público ha de penalizar la educación concertada por cuanto los altos valores del Estado tienen siempre preeminencia; y los medios de comunicación han de ser de capital público o intervenidos por cuanto no hay libertad en los periódicos controlados por intereses particulares que limitan por definición la libertad de sus columnistas -el editorial siempre es espurio o partidista-. El totalitarismo va más allá y ataca la independencia del poder judicial bajo una premisa sencilla: la elección del gobierno de los jueces ha de ser un calco de la representatividad de las fuerzas políticas nacida de las urnas, nada hay más allá del voto del pueblo soberano. El sistema totalitario pretende una aristocracia de partido que decrete cómo ha de distribuirse el crédito de la banca pública -la aristocracia concede o deniega sin más-; el totalitarismo estrangula la libertad educativa o la interfiere gravemente subsidiando aquella educación sumisa a las directrices de partido. Y el totalitarismo cierra periódicos, los desnaturaliza mediante la censura previa y riega abundantemente a sus cómplices -activos o no beligerantes- bajo la dirección y el criterio superior de la aristocracia -la aristocracia merece siempre por su desvelo el descanso de la dacha-. Causa sonrojo que la Unión Europea diga mostrarse vigilante a propósito de las intenciones gubernamentales por controlar a los jueces y por censurar a los periodistas -más sonrojo aún que dicha vigilancia se iniciara en Polonia y Hungría-. Pero hay algo peor que todo esto: el silencio cómplice.