Está pasando. Uno de los efectos, colaterales y menos deseables de la pandemia, es el divorcio entre la sociedad y las fuerzas de seguridad del Estado. Al respecto -y durante décadas- entre todos habíamos conseguido un equilibrio casi perfecto. Los «buenos» se sentían protegidos y los «malos» perseguidos. Como debe de ser y así todos contentos. Desde que, a causa del virus, se sucedieron en España los diferentes estados de alarma nuestra libertad -asumida como algo natural desde que nacimos- los responsables de hacer respetar las restricciones han visto cómo su volumen de trabajo ha aumentado de forma proporcional a su poder. De pronto se ven abocados a tener que amonestar, multar y hasta detener a personas por la simple razón de estar en la calle a horas prohibidas, por bailar y fumar o por haberse olvidado la mascarilla en el bolsillo del abrigo en un descuido de apenas unos segundos. Y esto les ha resultado tan molesto como a nosotros. Pero no a todos. Y hete aquí el problema. Frente a una gran mayoría de policías que ejercen su trabajo con empatía, hay otros que parecen disfrutar de ese exceso de celo y, por ende, parecen gozar imponiendo una autoridad intransigente que, en todo caso, debe ser considerada por todos como algo circunstancial que, ojalá pronto, deba ceder paso a la otrora feliz normalidad. Y es, precisamente, esto lo que hay que vigilar muy de cerca. No podemos permitir que nuestros derechos se vean mermados ya para siempre, aprovechando que durante este maldito tiempo de pandemia hemos tenido que aceptar que casi todo lo que nos hacía felices ha pasado a ser ilegal y, por ello, punible. Hemos pasado de aplaudirles y llamarles héroes a sentirlos, en demasiadas ocasiones, como una amenaza. Necesitamos recuperar esa sensación de cobijo, y seguridad, cuando los sentimos cerca. Todo lo que se aleje de ello supondrá volver a tiempos pretéritos y predemocráticos, en los que el abuso de autoridad era algo tan normalizado como insoportable. Nunca lo duden, los polis siguen siendo buenos.